El cierre de las minas de carbón españolas supondría un gasto cercano a los 4.850 millones, según la Federación de Industria de CC OO. El sindicato estimó ayer que para que las centrales térmicas puedan funcionar de forma mayoritaria con carbón de importación se tendrían que invertir unos 4.500 millones. Cambiar la caldera de las centrales tendría un coste de 300 millones y obligaría a una parada de aproximadamente un año.
Además, habría que desembolsar 350 millones anuales para hacer frente al gasto social que provocarían las prestaciones de paro, las bajas incentivadas y las prejubilaciones que se derivarían de la salida del mercado laboral de los trabajadores del sector.
Con el objetivo de demostrar que la minería del carbón es una actividad rentable, CC OO subrayó ayer en un comunicado que por cada euro que se destinada a la minería el Estado recibe tres en forma de cargas fiscales, coberturas sociales y rentas y compras de bienes y servicios.
Hizo hincapié en el carácter estratégico del carbón, que aseguró es el «único recurso energético autóctono relativamente abundante en España», y subrayó que la importación de productos energéticos representa el 70% del déficit comercial del país. Entre estos productos, el carbón tiene un peso importante ya que España compra entre 16 y 20 millones de toneladas anuales en el extranjero mientras que su producción autóctona es de unos 8,5 millones de toneladas.
CC OO recurrió a datos de la Agencia Internacional de la Energía para sostener que en los próximos años el consumo de carbón crecerá un 65% y tendrá una gran importancia que será determinante en el mix energético del país, ya que adelantará al petróleo como combustible principal. Recordó, además, que Alemania se replantea reabrir sus minas del carbón y destacó que China e India basan su crecimiento industrial en el uso de carbón en las centrales térmicas. Para el sindicato, recortar un 63% las ayudas para el año 2012 tendrá efectos «perniciosos» sobre el futuro de la energía y la industria de nuestro país. De ahí que acuse al Ejecutivo de Rajoy de no entender «el papel que deben jugar las subvenciones públicas en la futura estrategia económica e industrial».
