Izquierda Unida instó ayer al Gobierno regional a salir en defensa del patrimonio de Cajastur y de los «intereses colectivos de los ciudadanos». Jesús Iglesias llamó al Principado y a las entidades fundadoras de la Caja a dar una respuesta social y política a la «desamortización de unos bienes comunales». De este modo, urgió al Ejecutivo de Javier Fernández a acudir al Tribunal Constitucional, porque es a la Administración central, aseveró, a quien corresponde «defender los intereses generales». «Es tiempo de cavar trincheras», invitó el representante asturiano de IU en la Cámara alta.
Iglesias manifestó su preocupación a colación de los recortes anunciados por Cajastur, «que se traducen en el cierre de prácticamente la totalidad de las instalaciones dirigidas a actividades culturales». El senador recordó que la entidad nació con la vocación de que sus beneficios revirtieran en la ciudadanía a través de diferentes iniciativas en el ámbito social y cultural, por lo que la situación actual no carece de gravedad y seriedad. Aún así, apuntó, al margen de que los fondos con los que se apoya a las personas con discapacidad o la inversión dirigida a investigación estén en serio peligro, «lo que debe ser principal motivo de alarma es que asistimos a la culminación de un proceso de apropiación de un patrimonio colectivo, de la sociedad, del que hasta ahora eran titulares las cajas». Un proceso que, informó, comenzó con la «demonización» del modelo de estas entidades «aprovechándose de algún desgraciado ejemplo de gestión», continuó con su «'bancalización' y termina, ahora, con «la desamortización» de sus bienes.
El senador realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al recorrido por la Feria de Muestras que compartió con el coordinador general de la formación en Asturias, Manuel González Orviz, el diputado nacional Gaspar Llamazares y el coordinador gijonés, Jorge Espina.
Llamazares puso el foco de atención sobre el Gobierno de la nación, al que acusó de «volver a mentir» y ocultar que «tiene preparada una nueva entrega de recortes». Se refirió también al ministro de Interior, Jorge Fernández, quien aseguró que el Ejecutivo central no aspira «a que exista la paz de los cementerios con esta crisis». El diputado le recriminó que por lo que opta el equipo de Mariano Rajoy es «por la paz de la mordaza, del linchamiento público de quien discrepa y por la paz de las cárceles».
En esta misma línea, defendió que los sucesos ocurridos en Andalucía, con el asalto a varias superficies comerciales, fueron «una acción de carácter simbólico, a cara descubierta, para poner encima de la mesa» una situación, definió, «de pobreza y carencia alimentaria». A su parecer, la actitud del Partido Popular «intentando acallar al mensajero no es la respuesta de un gobierno democrático a un problema social», sino «un disparate». Rechazó que este tipo de protestas puedan convertirse en un peligroso precedente, ya que sirven, dijo, para todo lo contrario: «Son una labor preventiva».
Por otro lado, demostró su solidaridad con los médicos que han decidido acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes sin papeles y tachó la decisión de no prestarles atención de «inhumana». Además de ir «contra la salud pública», completó, «es un sinsentido económico», porque el tratar en Atención Primaria a los inmigrantes es más viable que si acuden a Urgencias.
Pidió también, por último, el mantenimiento del Plan Prepara para las personas con o sin cargas familiares.
