El Ayuntamiento de Llanes ha calificado de «irresponsabilidad» la orden de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de suspender la actividad de dos chiringuitos de playa del concejo en pleno mes de agosto. El mandato, que fue recibido por los hosteleros el pasado jueves 16 de agosto, obligó a ambos establecimientos a cerrar sus puertas aquel día tras servir las comidas del mediodía.
La alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, exigió a la citada consejería que «tome o depure las responsabilidades tanto políticas como administrativas» por el cierre estos bares, que dan empleo a una decena de trabajadores. «Consideramos que hubo un fallo importante en los expedientes, tomándose una decisión que creó una alarma social en pleno mes de agosto en Llanes, cuando había miles de personas en los arenales», censuró la regidora.
Y es que el Ejecutivo local se implicó de lleno en el asunto desde el momento en que les fueron notificadas las intenciones del Principado. El mismo concejal de Seguridad, Emilio Carrera, se desplazó hasta los dos bares afectados, en las playas de Barro y Poo, y evitó, según la alcaldesa, males mayores. «Quiero reconocer la labor del concejal porque con su presencia evitó que se formara un altercado de orden público importante», señaló. Los usuarios, que durante la jornada del pasado día 16 se contaban por miles -era además festivo en Llanes- recibieron la noticia con gran indignación tratando de defender la actividad y la buena labor de esos bares de temporada.
Tras una tarde cerrados, la actividad en ambos establecimientos playeros quedaba restablecida ayer por la mañana. Desde el Consistorio llanisco se enviaron sendos recursos de reposición, a los que la Consejería respondía con el levantamiento del precinto. Según confirmaba la administración regional, se inicia ahora un periodo de alegaciones, que terminará a principios de septiembre, tras el cual se valorará la medida definitiva. Un periodo que, según explicó la alcaldesa llanisca, no se respetó desde un primer momento. «Creemos que hubo un fallo importante en unos expedientes que se iniciaron el 10 de agosto, se notificaron el 11 o el 12 a los afectados y, cuatro días después se procedió al cierre, cuando ya tenían que haber dejado esos diez días de alegaciones previos a proceder al precinto», detalló Álvarez Campillo.
«Quiero pedir disculpas a los propietarios de estos establecimientos, que tuvieron que sufrir ayer las consecuencias de esa suspensión cautelar por parte del Principado», remarcó Álvarez Campillo. Por su parte, Víctor Rodríguez, gerente del chiringuito de Barro, agradeció el apoyo del Gobierno local. «Nunca encontraré la manera de agradecerle al Ayuntamiento todo lo que se movió por nosotros desde el primer momento», declaró.
Otro cierre en La Franca
Hubo además un tercer cierre, concretamente en la playa de La Franca, en el concejo de Ribadedeva. El alcalde, Jesús Bordás, prefirió no entrar en valoraciones pero sí consideró que la actuación fue «inoportuna». «Un 16 de agosto no se puede tomar esa medida como se tomó», manifestó. El propietario del chiringuito precintado en este concejo, Alfredo Álvarez, reconoció que su caso es diferente al de los otros dos locales afectados, pero explicó que contrajo un acuerdo verbal con la administración para poder iniciar la actividad. «Esto ha sido una actuación muy partidista. Aquí son muy duros por un lado y por otro toleran lo intolerable», se quejó. Álvarez carece de licencia de apertura, la cual estaba condicionada a la construcción de un muro de contención que «me comprometí a levantar en el mes de septiembre». El chiringuito 'Arena' permanecía cerrado ayer para sorpresa de los bañistas.
