El gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que atiende las retribuciones (salarios e indemnizaciones por despido) de los trabajadores de empresas insolventes, se ha disparado con la crisis. Los expedientes resueltos desde el año 2007 se han incrementado en un 298%, el pago de prestaciones en un 294%, los trabajadores beneficiarios en un 243% y las empresas afectadas en un 268%. Sin embargo, hasta el momento no se ha puesto en marcha ninguna medida de compensación a nivel de plantilla que ayude a hacer frente a esa mayor carga de trabajo.
Una circunstancia que, según denuncian los sindicatos, está dilatando cada vez más los tiempos medios de tramitación de la prestación que, de media, supera en Asturias los seis meses, cuando por imperativo legal no deberían pasar de tres meses. Hasta junio, se habían tramitado en el Principado 2.303 expedientes, que afectaban a 1.492 empresas, y abonado 16,2 millones (4,8 millones en salarios y 11,45 millones en indemnizaciones) a un total de 3.431 trabajadores.
Pero los problemas que acechan a ese organismo y que han encendido todas las alarmas en el ámbito sindical no se quedan ahí. Aunque desde el año 2009 los ingresos del Fogasa son insuficientes para cubrir las obligaciones, gracias al remanente acumulado durante los años de crecimiento las prestaciones se habían podido cubrir hasta el momento sin problema.
Sin embargo, la 'hucha' está disminuyendo de forma cada vez más acelerada. Y es que mientras que las prestaciones abonadas se incrementan de forma considerable, disminuye la recaudación por cuotas que le pertenecen al Fogasa, con el agravante de que la Tesorería, que es quien las recauda en primera instancia, no las ingresa desde mayo del año pasado. A 30 de junio, el saldo deudor de la Tesorería con el organismo rondaba los 850 millones y los sindicatos estiman que a final de año se superarán los 1.000 millones.
De ahí que los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Antonio Ferrer, transmitieran a finales de junio a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, su preocupación por esta situación que, según advierten, podría condenar al organismo a tener problemas a partir de marzo de 2013 para abonar la prestación a las personas que lo soliciten por falta de liquidez. A los impagos de la Tesorería hay que sumar el recorte del 10,7% que el Gobierno ha aplicado este año en el presupuesto para prestaciones y que lo ha reducido a 1.250 millones, una cantidad que las centrales consideran insuficiente.
Menos cobertura
El real decreto ley antidéficit que el Gobierno aprobó en julio dio un nuevo arañazo a este organismo. Hasta ahora, el Fogasa abonaba a los trabajadores el importe de salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores. Cubría una cantidad que no superara tres veces el Salario Mínimo Interprofesional diario pagando hasta un máximo de 150 días pendientes de cobro, pero con el real decreto ley las cuantías se han reducido a la baja.
El organismo, encargado de gestionar las ayudas y prestaciones de personas que han perdido su empleo, ya sólo abonará el doble del SMI, y hasta un máximo de 120 días de sueldo pendientes. Otro tanto ocurre con las indemnizaciones por despido que no pueda desembolsar el empresario -en casos de sentencia, auto, acta de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores-. El Fogasa, hasta la fecha, pagaba el límite máximo de un año, sin que el sueldo diario (base del cálculo) excediera del triple del SMI, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
El Gobierno impone ahora que sólo se aporte desde el Estado el doble del salario mínimo. En los procesos concursales, al margen de lo que se pueda pactar, las indemnizaciones con cargo al Fogasa se calcularán sobre la base de 20 días por año trabajado, con el límite máximo de un año, y sin que la retribución diaria supere el doble (y no el triple, como figuraba en la ley hasta ahora) del SMI.
