El Principado cede cada año 1,3 millones a Los Robles y el Peñamayor, los dos centros de Fomento de la Enseñanza en Asturias que sólo admiten niños el primero y niñas el otro. La trasferencia responde a un concierto que estaba apoyado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) pero que este verano quedó en entredicho por dos recientes fallos del Tribunal Supremo. La consejera de Educación, Ana González, anticipó cuál será su proceder en 2013, cuando expire el concierto: «Se debe tomar la decisión de no renovarlos; como ya está claro que no cumplen con la legislación vigente, no se les renovará». La titular de Educación subrayó que los fallos del Supremo sostienen que «los colegios que discrimina no pueden ser subvencionados con dinero público», y de ahí que deba cortar el apoyo a los dos centros, que escolarizan a unos 800 alumnos.
En una entrevista con Radio Asturias, González destacó la «normalidad» con la que a su juicio arrancará el curso escolar, en cuyos preparativos y a petición de los sindicatos ha arbitrado una novedad. Cada año se convoca al profesorado interino en dos tandas distintas y las centrales interesaron que «sacáramos el mayor número posible de vacantes en la primera». Unos 8.000 docentes fueron convocados para las 1.000 primeras plazas, que responden a aquellas de las que más clara necesidad hay. Después se ofertarán las que responden a suplencias puntuales, de las que la consejería no ha recibido toda la información. «Hay liberados sindicales que dejan de trabajar en el centro y le dedican sólo media jornada y esas son plazas de las que todavía hoy no tenemos toda la información», abundó.
Fernández defendió las medidas adaptadas, aunque mostró su «absoluto respeto» por las preocupaciones del profesorado y las medidas que están anunciando los sindicatos. «Soy muy respetuosa con sus reivindicaciones, no las discuto ni cuestiono; forman parte del juego democrático y hay que discutir con ellos», expuso. Sobre los conflictos que en Madrid está generando la autorización para que los centros puedan cobrar una tasa a los alumnos que usen el comedor provistos de un 'tupper', González fue explícita: «El problema no es el 'tupper', sino que el 'tupper' esconda un sistema de ahorro que lesiona a las familias que necesitan nuestro apoyo a través de las ayudas al comedor. No podemos usar el 'tupper' para lesionar a los niños y niñas».
