«Si mi empresa se ve obligada a comprar energía en el mercado libre echará el cierre al día siguiente». José Manuel Gómez de la Uz es el presidente del comité de empresa de Alcoa, la compañía de aluminio en cuyos costes de producción la energía supone un 40%. Las grandes multinacionales asturianas temen los efectos que provocará un nuevo desajuste energético en momentos tan complicados como los actuales, si no llegan a un acuerdo con los proveedores. La alta tensión se palpa en el sector industrial porque cada vez queda menos tiempo para encontrar soluciones.
A sólo tres meses para que prescriba el actual contrato energético, que data de 2009, ya se han empezado a encender las luces rojas. Especialmente cuando el Gobierno acaba de anunciar nuevos impuestos a todas las formas de producción de energía, que encarecerán aún más la factura eléctrica.
Los sindicatos denuncian que el Gobierno «mira para otro lado, porque la industria apenas le importa y solo tiene la vista puesta en los mercados». También creen que el Ejecutivo regional «debe echar más carne en el asador» de este proceso. Ante la gravedad del asunto han decidido poner en marcha acciones conjuntas en Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc para concienciar a los ciudadanos y obligar a los gobiernos a que miren por su industria básica.
Las grandes compañías que forman la columna vertebral de la economía industrial de la región y de las que depende una importante red de pequeñas empresas, ya lo han anunciado: cierres y deslocalizaciones. Son las palabras más utilizadas estos días para referirse al problema de la tarifa eléctrica industrial. 50.000 puestos de trabajo en la región están en juego y las empresas no hablan por hablar, porque se la están jugando en el siempre intrincado mundo de la energía eléctrica.
El próximo día ocho de octubre tendrá lugar en Avilés una manifestación en defensa de la industria asturiana. Los sindicatos convocantes reivindican la industria desde la defensa de una política energética adecuada, que debe ser puesta en marcha cuanto antes. Los representantes de los trabajadores de las tres mayores empresas consumidoras de energía, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa, hablan sobre el grave problema que deben afrontar.
Para Alberto Villalta, de UGT, responsable de la sección sindical de ArcelorMittal en la factoría de Gijón, «el problema parte del potente lobby eléctrico que tenemos en este país, que logra subir el precio de la energía porque tienen un déficit tarifario, pero a la vez se reparte buenos beneficios y dividendos». Villalta señaló, además, que «ex presidentes y ex ministros del PP están colocados en los consejos de administración de estas empresas». También denuncia el representante de Arcelor que «otro problema grave es que este Gobierno no tiene modelo claro de industria y muestra muy poco interés por ella».
El grupo Alcoa es el mayor consumidor de energía del país en su proceso de producción de aluminio por electrolisis. Se calcula que su fábrica de Avilés consume en un año lo mismo que se gasta en ese mismo periodo en todo Gijón. José Manuel Gómez de la Uz pide un acuerdo urgente para solucionar cuanto antes el problema energético. Asegura que un acuerdo con las eléctricas debería ser a 10 años y pidió que de llegarse a ello, el Gobierno debería obligar a las empresas a comprometerse con el empleo y con las inversiones en la región». Los sindicatos denuncian también que se da la circunstancia de que estas multinacionales logran un equilibrio en Europa porque las fábricas que tienen en España pagan sueldos más baratos, pero por la energía pagan más en España.
«Que intervenga Europa»
Roberto Suárez es el presidente del Comité de empresa de Asturiana de Zinc y también cree que un acuerdo eléctrico resulta ahora imprescindible para la supervivencia de las grandes compañías asturianas. Según explicó, «nuestra empresa tiene plantas de producción en San Juan de Nieva y en la localidad alemana de Nordham. Tenemos que competir con otros países que tiene la energía más barata y nosotros hemos detectado que en Alemania han conseguido unos contratos eléctricos que suponen la mitad del precio de lo que estamos pagando aquí y eso no se puede sostener». García señaló también que «la Unión Europea puso la proa a la tarifa G-4 y la prohibió. Ahora pedimos que sea la UE la que solucione este problema mediante la puesta en marcha de una estrategia europea que garantice el futuro de las empresas».
