La dirección regional de Izquierda Unida arropa a su portavoz parlamentario, Ángel González, después de ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por un supuesto delito de prevaricación. La cúpula de la organización, encabezada por Manuel González Orviz, sostiene que «no se trata de un asunto de corrupción política» y lo desliga de otras polémicas «que lamentablemente invaden la realidad española». No se cita ninguna, aunque en la mente de todos están, entre otros, el 'caso Bárcenas' que sacude el PP o el 'caso Renedo' que tiene bajo investigación parte de la gestión del Gobierno regional que presidió Vicente Álvarez Areces. Estas explicaciones, con todo, no convencen al conjunto de la organización, que en algunos casos ve con recelo la decisión de González, expresada con contundencia, de no dimitir y continuar en su escaño en la Junta General. Las tensiones internas comienzan a aflorar.
La denuncia contra González parte de la Fiscalía, que ve indicios del posible fraccionamiento ilegal de un contrato relacionado con la adquisición de 76 monolitos, por un importe de 50.000 euros, para colocar sobre fosas de víctimas de la Guerra Civil censadas a raíz de la aprobación de la ley de memoria histórica. La tesis de la acusación es que el entonces viceconsejero de Bienestar Social habría fraccionado la operación para tramitarla a través de contratos menores, aquellos de menos de 18.000 euros que no necesitan cursarse por la vía del procedimiento negociado. Una teoría que el propio González ya rebatió el viernes, argumentando que se hicieron tres contratos -uno para la zona oriental, otro para la central y otro para la occidental- para ir colocando los monolitos por fases. Un proceder legal, dijo; «un asunto de gestión», añadió.
La dirección de IU respaldó ayer esa posición. A su juicio, la imputación no pone el foco ni sobre la cuantía ni sobre la adjudicación, sino sobre el procedimiento. Un procedimiento «tan susceptible de interpretación que el propio secretario general técnico de la consejería lo avalaba y, de hecho, también está imputado».
En lo que más hincapié hace el coordinador de IU, Manuel González Orviz, y su equipo es en diferenciar este episodio de los sucesivos escándalos que han ido brotando en los últimos meses. «No se trata de un asunto de corrupción política», entiende la coalición. «No todos tienen la misma naturaleza», se apostilla, rechazando que se mezclen o equiparen episodios que a su juicio tienen distinto cariz. «No hablamos de enriquecimiento legítimo o ilegítimo, tampoco de beneficio directo o indirecto para nadie ni de ningún trato de favor o perjuicio a la administración», concluye la argumentación.
Con todo, la imputación de González está llamada a generar polémica. El diputado y portavoz ya ha dejado claro que «en ningún caso» piensa dimitir y dejar su escaño, un asunto al que la nota emitida por IU no hace mención. Fuentes de la coalición, eso sí, dan a entender que la decisión de González de seguir en su puesto está avalada por Orviz, a la espera de que la cuestión se analice, en los próximos días, en una reunión de la Presidencia de la coalición, donde a buen seguro surgirán voces críticas.
Voces que ya se escucharon ayer. Un sector de la organización está muy molesto con la tajante negativa de González a dimitir, después de que, hace pocos días, se sugiriese al PSOE la conveniencia de tomar medidas contra su diputado Francisco González, también imputado. Entonces, Orviz señaló que si el parlamentario socialista estuviese bajo la disciplina de IU ya habría sido suspendido de militancia. «No se puede pedir una cosa a los demás y luego no aplicarla», opinó un veterano militante.
La crítica que se formula no tiene que ver, pues, con el fondo del asunto, el proceso judicial, sino con las formas, con el hecho de que se anunciase un modo de proceder con los casos de supuesta corrupción política «y cuando nos afecta a nosotros se hace exactamente lo contrario».
Esta irritación, «preocupación e indignación» para algunos, comienza a tener consecuencias. Fuentes de la coalición señalaron a este periódico que los coordinadores locales de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo solicitaron ayer a Manuel González Orviz que reuniese hoy mismo a la Presidencia para abordar una situación que algunos de los consultados consideran «grave».
En cuanto al PSOE, aludido entonces por Orviz, no quiso hacer sangre a este respecto y se limitó a reiterar su propuesta de un pacto entre los partidos para decidir a partir de qué momento hay que apartar de su puesto a un cargo público inmerso en un proceso judicial. Los socialistas proponen como límite la apertura de un juicio oral.
