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60.000 asturianos figuran en ficheros de morosos

ECONOMÍA

60.000 asturianos figuran en ficheros de morosos

04.05.14 - 00:55 -
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Solicitó a su operadora de telefonía que le diera de baja en algún servicio (internet, fijo, móvil.), pero siguió recibiendo facturas. Irritado, dio la orden al banco para que devolviera el último recibo para impedir futuros cobros, pero varios días después, encontró en su buzón una carta con el sello del supuesto despacho de abogados de la compañía. Le instaba a abonar la cantidad pendiente en un determinado plazo bajo la amenaza de entrar a formar parte de un fichero de morosos. Si es su caso, sepa que es muy probable que su compañía de teléfono haya cumplido ya su amenaza y su nombre figure en alguno de los muchos registros legales de deudores que existen en España. Formar parte del club de los malos pagadores es un ingrato honor que hoy tienen concedido alrededor de 60.000 asturianos a los que se atribuye una deuda media cercana a los 7.000 euros, según los datos que maneja la consultora Experian.

Sus nombres y deudas aparecen inscritos en listas negras, que han sido debidamente autorizadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia e inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El Bureau de Crédito de Experian es la herramienta de solvencia patrimonial y crédito más utilizada en España. Cuenta con más de ocho millones de registros y 70.000 millones de euros de deuda procedente de empresas y particulares y recibe más de mil millones de consultas cada mes. Incluye el fichero de morosidad de personas físicas y empresas (Badexcug), el de impagos entre empresas (RAI) y el de información judicial (impagos con organismos públicos).

La mayoría de los supuestos deudores asturianos, en torno al 67%, son clientes de telefónicas. Algunos, como es el caso del abogado asturiano Alberto Zurrón, tras sufrir en sus propias carnes el abuso de una de esas compañías decidieron reaccionar y poner su caso en manos de la justicia. Y es que, en algunas ocasiones, el hecho de figurar en uno de esos ficheros de morosidad se debe a impagos que, en realidad, no existen, pero que se convierten en una auténtica pesadilla para quienes lo sufren.

El letrado asturiano se enteró a finales de 2011 de que había sido incluido en uno de esos registros al acudir a renovar una póliza. Pero su odisea comenzó mucho antes. En febrero de 2008. Entonces, tras un problema con su terminal decidió cambiarse de operadora. Pero sin saberlo, había firmado un compromiso de permanencia al que su compañía se acogía para exigirle el pago de 100 euros por romper el contrato. La penalización por permanencia es una práctica abusiva de las compañías de telefonía que está detrás del 95% de las reclamaciones. Pero en la mayoría de las ocasiones se trata de una penalización desproporcionada que la compañía no tiene derecho a reclamar. A Zurrón, sus conocimientos en derecho le ayudaron a afrontar la situación y a contraatacar tras recibir la primera carta de la empresa de recobro. «Le dije que si me enviaban una más interpondría una querella por estafa en grado de tentativa», explica. Lo que al final hizo fue exigir una indemnización por daños morales al considerar que la inclusión en el fichero de morosos le había supuesto un quebranto a su imagen y prestigio profesional.

A finales de 2012 obtuvo una sentencia favorable en un juzgado de Oviedo que obligó a la compañía a abonarle 1.000 euros para resarcir su buen nombre y abrió la espita a nuevas reclamaciones. «Los consumidores ha empezado a perder el miedo y cada vez demandan más», asegura. El despacho que dirige ha creado un departamento especializado en atención a clientes afectados por problemas con compañías de telefonía que se vieron de forma indebida incluidos en un archivo de morosos. De momento, ya ha interpuesto 130 demandas en Asturias, León, Madrid, Sevilla, Alicante y Baleares por vulneración del derecho al honor y la propia imagen. Muchas cuentan ya con sentencias favorables que incluyen indemnizaciones que oscilan entre los 1.000 y los 12.000 euros lo que ha empezado a dar alas a los afectados. El volumen de la indemnización depende, en todo caso, del perjuicio que la inclusión en el fichero le ha originado al cliente. A la hora de decidirla, los magistrados tienen en cuenta, por ejemplo, la antigüedad de la inclusión en el fichero, los obstáculos que les ha creado para conseguir un préstamo o la renovación de pólizas y el número de entidades que han podido consultar el fichero.

Protección al honor

El Tribunal Supremo ha dictaminado hasta en tres ocasiones que «la inclusión no veraz en ficheros de morosos supone una intromisión ilegítima en el derecho a a honor». Y es que el problema de aparecer en alguna de estas listas no es baladí. Puede suponer, por ejemplo, que un banco te deniegue automáticamente un crédito, o que otra empresa rechace suministrarte un determinado servicio (luz, gas, telefonía.).

Para que la inclusión en un fichero sea legal, según una instrucción la AEPD que data de 1995, la compañía debe probar que la deuda sea exigible y asumida por el deudor y existir un requerimiento previo de pago de dicha deuda. Dos extremos que en muy raras circunstancias las compañías denunciadas, que muchas veces ni siquiera se presentan al juicio, pueden probar.

Las asociaciones de consumidores coinciden en que el usuario debe plantarse ante estos abusos y animarse a reclamar. Animan a perder el miedo a los registros de morosos y advierten de que muchas operadoras, antes de incluir al cliente en la lista de morosos, suelen dar sus datos a una empresa de gestión de cobros para perseguir al cliente para que pague una deuda que no tiene por qué ser cierta. Para el responsable de UCE-Asturias, Dacio Alonso, lo más preocupante de estas prácticas, es el acoso al que las empresas de recobro con métodos «absolutamente mafiosos» someten a las personas, que por quitarse esta presión o 'vergüenza' de encima, acaban pagando la deuda, cuando nadie se la acreditó de forma fehaciente.

La recomendación que hacen desde la asociación, es que las deudas exigibles se hagan por vía judicial. Solo en 2013, recibieron más de 150 reclamaciones por este tema y asegura que este año la cifra podría superarse con creces. Además de la vía judicial, los afectados, según explica Alonso, pueden optar por otra vertiente que es la de reclamar través de la Agencia de Protección de Datos. Este organismo sancionó a una operadora con 20.000 euros por pasar una factura de un socio de UCE por valor de 65.000 euros, que ni siquiera era ya cliente suyo, pero que sí utilizó sus datos, incluido el número de cuenta, pues había mantenido una relación contractual con él hace cinco años.

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