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Bienestar rectifica su plan de abrir la unidad de menores tutelados a un gestor privado

Asturias

Bienestar rectifica su plan de abrir la unidad de menores tutelados a un gestor privado

Esther Díaz culpa al servicio jurídico del Principado del concurso ahora anulado, mientras IU le exige que blinde ya a las entidades sociales

30.05.14 - 01:39 -
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«No se va a privatizar la unidad de primera acogida a menores» y «no se va a cerrar el Centro Materno Infantil». Esas fueron las frases más repetidas ayer por la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz durante su comparecencia ante la Junta General. Lo hacía interpelada por la diputada de IU Noemí Martín, quien le reprochó el intento de su departamento de privatizar la atención a los menores bajo tutela del Principado.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, Bienestar sacó a concurso la apertura en el Fundoma de una nueva Unidad de Primera Acogida (UPA), con 14 plazas para menores de entre 3 y 17 años y un presupuesto de 1,4 millones. El concurso fue recurrido por todas la ONG especializadas en Infancia, así como por el Colegio de Educadores Sociales, ya que, por primera vez, se permitió la participación de una empresa privada. Una presencia rechazada también, en el propio concurso, por la jefa de Servicio de Infancia, ya que incumple la Ley de Protección del Menor de Asturias, que obliga a que para hacerse cargo de la acogida de menores tutelados las entidades deben estar habilitadas. Es decir, carecer de ánimo de lucro.

También lo vio así el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que paralizó el concurso. Por ese motivo, Noemí Martín le pidió a la consejera que «suspenda definitivamente el concurso», ya que, explicó, «estamos a tiempo de corregir un despropósito como es permitir que una entidad con ánimo de lucro gestione la puerta de acceso de los menores al sistema de protección». Sobre todo porque, argumentó, «está incumpliendo su propia ley».

En un paso más allá, la portavoz de IU en materia de Bienestar le planteó a la consejera sus dudas sobre la necesidad «de abrir una nueva UPA, cuando sabemos que el Materno -el centro donde están ubicadas las UPA de bebés y de adolescentes- apenas tiene ocupación».

148 acogidos en 2013

Ante los reproches, la consejera se escudó en dos informes de los servicios jurídicos del Principado «que sostienen que al exigir la habilitación para participar en el concurso se impide la libre concurrencia de las empresas».

En su defensa, le recordó a la diputada de IU: «Hoy hemos visto qué ocurre cuando no se atiende a los servicios jurídicos», en referencia, aunque sin mencionarlo expresamente, al ya exportavoz de IU en la Junta, Ángel González, que minutos antes de la intervención de ambas había perdido su condición de diputado tras una condena judicial. Por ello, Díaz insistió en que «hicimos el concurso con las condiciones que marcaron los servicios jurídicos».

Unos informes que, no obstante, la consejera se mostró dispuesta a revisar, en cuanto se pronuncie el Tribunal Administrativo porque, repitió, «no es nuestra intención privatizar una atención tan sensible, como es esta que, en 2013, recibieron 148 menores en Asturias». De hecho, recordó que el concurso se llevó a cabo «porque, además de las UPA del Materno, teníamos una gestionada por una orden religiosa en el centro Madre Isabel de Larrañaga, que renunció a seguir con el servicio». Y zanjó la discusión argumentando que «acabamos de anunciar que traeremos a esta cámara un propuesta para reformar la Ley de Servicios Sociales y garantizar, así, que no ocurran estos casos».

Sus palabras provocaron el enfado del resto de grupos, porque, como explicó Noemí Martín, «fuimos nosotros los que planteamos la necesidad de una modificación urgente de la Ley de Servicios Sociales para evitar la quiebra de las entidades sociales». Con ella coincidieron el resto de portavoces de la oposición, especialmente Ignacio Prendes, de UPyD, quien señaló que «ya hay una proposición de nuestro grupo en ese sentido». Prendes descalificó la actuación de Bienestar respecto al Fundoma, ya que cree que «es de dudosa defensa el informe jurídico que usted esgrime para permitir que entren empresas privadas». Para Foro, «estamos ante un nuevo error de la consejería, que incumple su propia Ley del Menor», sentenció Esther Landa, mientras que desde el PP, Victoria Delgado la acusó de «asfixiar al tercer sector. Ya lo hizo con el acuerdo marco, que tiene poca dotación económica».

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Esther Díaz, consejera de Bienestar, ayer, en la Junta. :: E. C.

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