Areces abre la puerta a que más funcionarios puedan acogerse a la carrera profesional

Advierte al PP de que retrasar el trámite podría obligar a miles de empleados a devolver lo cobrado hasta ahora El plan de inversión local primará a los concejos de menos de 20.000 habitantes

A. SUÁREZOVIEDO

El presidente del Principado trabaja con un objetivo prioritario en relación con la carrera profesional: dar cobertura legal al pago de los pertinentes complementos a los 14.000 funcionarios que en su momento se sumaron al proceso. Pero, a partir de ahí, Vicente Álvarez Areces introduce un punto de flexibilidad en el rígido discurso del Gobierno de los últimos días, y abre la puerta a que más empleados públicos puedan sumarse a la carrera. Para satisfacer el primer reto, presentará en breve sendos proyectos de ley en la Junta General, uno para el personal docente y otro para el resto. A continuación, abrirá una «preceptiva negociación» con los sindicatos en la que «puede haber alguna modulación», dando a entender que más personal de la administración, si cumple los requisitos, podrá beneficiarse de esos ingresos adicionales.

Areces, como adelantó este periódico, detallará los rasgos generales de su estrategia en el debate sobre el estado de la región, la próxima semana. Ayer, en una entrevista en la Cadena Ser, destacó que las iniciativas que permitirán garantizar el pago de la carrera a los funcionarios que en su día la firmaron están muy avanzadas. «El primer gran objetivo es dar cobertura legal a ese tema», concretó.

Pero fue un poco más allá. Más allá que la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, que el miércoles señaló que el Ejecutivo sólo contaba con legalizar la situación de los 14.000 empleados públicos adheridos a la carrera. Areces admitió que este asunto también debe negociarse con las organizaciones sindicales, que, con algunos matices, son partidarias de extender los pagos a los funcionarios que cumplan los requisitos. En ese diálogo «hay cuestiones que se pueden flexibilizar», apostilló, instando a «no partir de posturas maximalistas». Puede, insistió, «haber alguna modulación».

Esta argumentación parece situarse en la línea de lo expuesto el martes por el titular de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. El consejero dijo entonces que la solución por la que apostará el Principado tendrá en cuenta no sólo a los 14.000 funcionarios que cobran por la carrera profesional, sino que permitirá abrir un nuevo plazo para inscribir a quienes, por una u otra razón, no lo hicieron entonces.

El presidente reiteró la voluntad de su Ejecutivo de tramitar esta modificación legal, que permitirá salvar la sentencia judicial que anulaba el anterior sistema de pagos, por la vía de máxima urgencia: la lectura única. Una posibilidad que choca con el PP, cuyo respaldo es necesario en este punto, y que ha adelantado que se posicionará en contra si el Gobierno no admite ampliar la carrera a más funcionarios.

Un argumento que preocupa a Areces. Cualquier retraso o alteración de los planes previstos genera el «riesgo» de que, en una hipotética decisión de los tribunales, «las personas que ya están cobrando ese incentivo tengan que devolverlo». Un escenario en el que el presidente no quiere ponerse. «Imagínese lo que significaría esto para decenas de miles de personas», exclamó, presionando a los populares.

«Irresponsable»

Que, de momento, no se mueven de su posición. Ayer, su presidente, Ovidio Sánchez, abundó en las palabras expresadas un día antes en este periódico por su portavoz adjunto, Joaquín Aréstegui, en el sentido de que no habrá trámite de urgencia si el Gobierno no acepta que más funcionarios se incorporen a la carrera. «Areces ha actuado de forma irresponsable y debe dar una solución para todos los funcionarios; nosotros la estudiaremos», afirmó, reivindicando una solución para un problema «que han creado los socialistas».

Entre tanto, los sindicatos mueven ficha. Suatea y CSIF han convocado a todo el profesorado a una concentración, el próximo miércoles a la seis de la tarde, delante de la Junta General. Reclaman «una solución que no excluya a nadie» y que los pagos sean «para todos».

Areces, por otro lado, también confirmó que en el debate presentará los rasgos generales de su plan de inversión local. Que, como ya estaba previsto, repartirá los fondos en base a criterios como el envejecimiento, la dispersión o el nivel de paro de cada concejo. Ana Rosa Migoya agregó que el plan dará prioridad a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.