Los empresarios forestales suspenden sus compras en Villaviciosa

Ya es oficial. Los empresarios forestales asociados a Asmadera han acordado suspender «indefinidamente» la compra de madera en los montes de Villaviciosa, lo que se puede traducir en la pérdida de los casi 3 millones de euros que los maderistas dejan cada año en el concejo.

Esta decisión ha sido adoptada tras la aprobación de la nueva ordenanza municipal que regula el uso de pistas forestales y caminos públicos del concejo, que obliga a los maderistas a depositar fianzas de hasta 4.000 euros por los posibles daños que causen en recorridos inferiores a un kilómetro. Estas cifras, que han promovido el acuerdo para interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Villaviciosa, son calificadas como «excesivamente cuantiosas y discriminatorias» para los profesionales. Las condiciones -añaden- son «durísimas e inasumibles» para el desarrollo de la actividad.

«En la mayoría de los casos, al tratarse de minifuncios, el importe de la fianza que hay que depositar es superior al valor de la madera que se extrae de los montes», explica Asmadera. Esto hace «prácticamente inviable» la compra tanto a propietarios particulares como al Consistorio, que, mediante la compra de unas 100.000 toneladas de madera anuales, han ingresado cerca de 30 millones de euros desde la entrada en vigor del acuerdo firmado entre Asmadera y el Consistorio en 2000.

Además de la repercusión de estos beneficios, la agrupación de maderistas afirma que «el saldo de desperfectos pendientes de arreglo ocasionados por la actividad durante esos nueve años, a día de hoy, no supera los 20.000 euros».

«En otros municipios»

La ruptura del convenio que regulaba la actividad forestal en el concejo también servirá de argumento al contencioso-administrativo que presentará Asmadera. Y es que, según indica el colectivo en un comunicado hecho público ayer, «ha sido el propio Ayuntamiento de Villaviciosa el que ha roto unilateralmente el convenio en vigor, sin motivo suficiente para ello, poniendo en peligro la actividad de este sector en el municipio», que emplea a cerca de un centenar de personas en el municipio.

Los profesionales asociados a Asmadera, que «se sienten maltratados y ofendidos por el Ayuntamiento». Acordaron también iniciar una campaña de información entre los propietarios de montes particulares, instándoles, además, a que sean ellos quienes asuman «directamente la imposición de esas fianzas».

La organización de maderistas, que se manifiesta abierta al diálogo para alcanzar un acuerdo «que desbloquee la situación», advierte de que estas medidas «serán replicadas en otros municipios con problemáticas similares, planteándose como estrategia futura hacer recaer todas las gestiones inherentes a la corta de madera en los propietarios forestales, tanto ante sus respectivos ayuntamientos como ante el Principado y los diferentes organismos estatales».