La detención de González Peña

Doval capturó al líder revolucionario socialista con la aprobación del nuevo gobernador general de la provincia, que colaboró en la represión y disolvió el Sindicato Minero Asturiano

González Peña, en el centro, con los guardias civiles que le apresaron. / E. C./
González Peña, en el centro, con los guardias civiles que le apresaron. / E. C.

López Ochoa asegura que sólo quedará en Asturias una bandera del Tercio. Con este anuncio, realizado a primeros de noviembre por el general con mando operativo durante la revolución, se da el pistoletazo de salida a las tropas que ocuparon Asturias para sofocar la revuelta obrera. López Ochoa, que después sería asesinado en agosto de 1936 en Madrid, hizo unas declaraciones a la prensa sobre varios aspectos de la revolución. En primer lugar, reiteró que no había pactado la rendición de los revolucionarios con el líder socialista Belarmino Tomás. Una cuestión que suscitó polémica y que ya no abandonaría al general hasta su muerte.

López Ochoa, que durante su estancia en la provincia llegó a conocer la realidad asturiana, consideraba que era «inaplazable» que se reanudara la actividad minera. Una cuestión sobre la que se debatía en Asturias a primeros de noviembre. En esas fechas, la Comisión Gestora Provincial de la Diputación cita de nuevo a alcaldes y empresarios para rechazar la posibilidad de que entrara combustible extranjero en la provincia.

El debate sobre la actividad económica sigue, no obstante, salpicado de noticias sobre la represión que siguió a la revuelta. Así, ocupa un lugar destacado en la prensa el consejo de guerra contra un tal Faustino Cima, al que se acusa de la muerte de dos guardias de asalto.

A mediados de noviembre, en EL COMERCIO se detallan algunas de las funciones que tendrá el nuevo gobernador general, cuyo nombramiento parece inminente. Principalmente, será el encargado de asegurar el orden público, coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas durante la revolución y hacer efectivo el desarme de la población. También podrá suspender los derechos de las asociaciones y sindicaciones e inspeccionar cualquier entidad. En los días previos a la llegada del nuevo gobernador general se detalla también que el Gobierno tiene intención de militarizar el personal de las fábricas de armas, que los polvorines estén aislados y vigilados por la fuerza pública y dar por caducadas todas las licencias de armas. Salvo permisos especiales, su posesión será considerado delito.

En medio de la expectación por el próximo nombramiento del gobernador, EL COMERCIO da el 14 de noviembre noticias de algunas de las actuaciones policiales coordinadas por Doval. La primera es la detención de la diputada socialista Veneranda Manzano; la segunda, la también detención en Mieres de Arístides y Antonio Llaneza, hijos del histórico dirigente socialista asturiano Manuel Llaneza. También ese día publica la prensa que ha sido solicitado el suplicatorio de Teodomiro Menéndez, con lo que podrá ser procesado. El diputado socialista que viajó desde Asturias hasta Madrid para anunciar el 4 de octubre que habría huelga general, presta declaración en el lugar en el que está detenido tras serle concedido el suplicatorio.

Debate en las cortes

Por esas fechas, el debate sobre la revolución en las Cortes es cada vez más tenso. Varios grupos cuestionan las responsabilidades de algunos ministros. «El Parlamento se declara incompatible con los diputados implicados por comisión o inducción en la revuelta», titula EL COMERCIO el 16 de noviembre. El dedo acusador señala al ministro de la Guerra, al que culpan por el robo de armas en las fábricas y por no haber enviado más tropas a Asturias días antes de que estallara la revolución. Al ministro de Estado se le responsabiliza de no haber prestado atención a los informes del gobernador civil de Oviedo alertando sobre el movimiento revolucionario en la provincia. Estas acusaciones les cuestan el puesto a Hidalgo y Samper, que se ven obligados a dimitir.

Una vez superada la crisis y cerrado el debate parlamentario sobre la revolución asturiana, el Gobierno aprueba conceder un crédito extraordinario provisional de 10 millones de pesetas para indemnizar a los perjudicados por los daños causados por la revuelta obrera en Asturias. Asimismo, el 21 de noviembre se conoce que se han destinado 9,5 millones de pesetas para la reconstrucción de Oviedo.

Coincidiendo con estas ayudas del Gobierno a Asturias, el 19 de noviembre llega a Oviedo el nuevo gobernador civil general de Asturias, León, Palencia y Santander. Ángel Velarde, que antes había ocupado el puesto de gobernador enVizcaya, entra en seguida en harina. En primer lugar, ante la petición de la reapertura de las minas, condiciona la reanudación de las labores a la finalización del desarme. En segundo lugar, Velarde, con la disolución del Sindicato Minero Asturiano, demuestra que llega a la provincia para reprimir al movimiento obrero.

Paralelamente, Doval da nuevas noticias de su actuación policial. A finales de noviembre se conoce que el equipo del comandante ha hallado dos partidas del dinero robado en el Banco de España en Oviedo, una de ellas en Las Regueras. Otro de sus logros es la detención de los supuestos autores de la muerte del cura párroco de La Rebollada (Mieres), Luciano Fernández. Una muerte que, como las de otros religiosos, se produjo el día 5 de octubre, el primero de la revolución.

Entretanto, el debate sobre la reapertura de las minas arrecia de nuevo. Si antes fue la Comisión Gestora Provincial, ahora es la federación de vigilantes y capataces la que le pide al Gobierno que autorice a reanudar las labores en los pozos. Las peticiones desde distintos sectores de la sociedad hacen que llegue a Asturias el director general de Minas y días más tarde el ministro de Industria «a interesarse por el problema minero».

En medio de este debate, diciembre comienza con una buena noticia para el comandante Doval: las fuerzas de orden público han localizado, por fin, el paradero de Ramón González Peña. La búsqueda del dirigente socialista, uno de los principales líderes de la revuelta obrera y al que se le imputa el robo de los 14 millones del Banco de España en Oviedo, viene de lejos. Apenas aplastada la revolución ya circulaban rumores en la prensa sobre la detención del líder obrero en Behovia. Sin embargo, no era ese su paradero, sino Ablaña. En esta localidad próxima a Mieres fue detenido en los primeros días de diciembre. «Detenido en Ablaña Ramón González Peña, el jefe del movimiento sedicioso en Asturias», titula EL COMERCIO en su edición del día 4 de diciembre. El mismo día también se conoce que ha sido detenido Perfecto González, un gestor de la antigua Diputación Provincial y al que se le acusa de ser uno de los principales cabecillas de la revuelta obrera en Sama.

La detención de González Peña es uno de los principales y también últimos éxitos policiales del comandante Doval. De forma sorprendente, el periódico se hace eco del cese de Doval. En la misma información también se hacen conjeturas sobre dos rumores contradictorios. Por un lado, se indica que el jefe de la represión en Asturias ha regresado a Marruecos y, por otro, que será repuesto en su cargo. Lo cierto es que, desde entonces, Doval ya no volvió a ejercer como jefe máximo de la represión en Asturias.

Torturas

Una de las explicaciones más aceptadas sobre el relevo de Doval es que Gil Robles trasladó al Gobierno los comentarios acerca de que el comandante torturaba a los detenidos. El Gobierno no quiso aceptar el coste político de los métodos policiales de Doval y lo cesó. Durante el mes y medio que el comandante ejerció su autoridad en Asturias dejó una gran huella. Organizó y ejecutó una represión brutal sobre los perdedores de la revolución y propició un verdadero estado policial en las cuencas, donde llegaron a estar en servicio hasta 600 guardias civiles.

La caída de Peña coincide en el tiempo con una buena noticia para la economía asturiana: la reapertura de las mimas a partir del 12 de diciembre. Sin embargo, se toma una medida para controlar a los mineros. Se acuerda que los empresarios den a cada minero un carné de identidad.

Sin embargo, la marcha de Doval no impidió que se siguieran aplicando las medidas más duras para castigar a los revolucionarios. Además, en esos primeros días de diciembre del 34 se crea la comandancia militar de Asturias, al mando del coronel Aranda. La decisión pretende incrementar la presencia militar en la provincia y evitar en un futuro que una revuelta obrera vuelva a sorprender al Ejército con pocos efectivos. Así pues, sentadas las bases para un mayor control militar en el futuro sobre la provincia y bien asegurado el orden público, Asturias queda durante esos meses bajo el férreo control del Estado.

Finalmente, el Gobierno da una buena noticia a Asturias. El Ejecutivo de Lerroux aprueba destinar 70 millones de pesetas para la reconstrucción de Asturias. Este dinero extra saldrá de un pequeño recargo en la contribución. La decisión se complementa días antes de Navidad con la aprobación de una pensión vitalicia para los familiares de las víctimas de la revolución. Con estas dos iniciativas, el Gobierno lleva a cabo su compromiso con la provincia antes de que acabe 1934.

Sin embargo, los participantes en el movimiento obrero siguen sufriendo los efectos de la represión. En esos días de diciembre, González Peña es trasladado de su celda del convento de las Adoratrices (un lugar en el que se dice que Doval usaba la tortura con los detenidos) al cuartel de Pelayo.

Pero antes de que acabe 1934 aún salen a la luz dos noticias interesantes. La primera es la confirmación de que se reanuda la actividad en las fábricas de armas. Así, el 28 de diciembre EL COMERCIO publica que se reinicia la actividad en La Vega, con una plantilla de 95 trabajadores. La mala noticia, en cambio, es el intento de suicidio del diputado socialista Teodomiro Menéndez, que se arrojó al patio de la Prisión Provincial. No murió, pero resultó gravemente herido.

En los primeros días de enero de 1935 parece apreciarse un endurecimiento de las medidas de represión. El 2 de enero se conoce que la Guardia Civil ha matado a dos revolucionarios fugitivos en una cabaña de Quirós. El mismo día se hace público que habrá un consejo de guerra contra el sargento Vázquez, un militar que se unió a los obreros durante la revolución. Se pide la pena de muerte para él acusado de rebelión militar y de traición. Finalmente será ejecutado. De las 40 penas de muerte dictadas, es una de las cuatro ejecutadas.

Doval tiene de nuevo presencia en la prensa, que señala que el comandante de la Guardia Civil. Al parecer, seguirá en África, aunque el Gobierno le ha declarado disponible forzoso.

«Ejemplaridad»

A mediados de enero, el Gobierno da dos pasos enérgicos contra el movimiento obrero. Así aparece una declaración pública en la que se asegura que «mantendrá la ejemplaridad con los cabecillas civiles y militares de la subversión en Asturias». Tampoco ayuda a levantar el ánimo de los que perdieron la revolución saber que Asturias es una de las provincias en las que el Gobierno decide no levantar el estado de guerra.

Tras meses de indagaciones, finalmente el juez Alarcón entrega el sumario del alijo de armas del vapor Turquesa. Se trata del barco desde el cual el 11 de septiembre de 1934 se descargaron cientos de armas en San Esteban de Pravia.

Febrero comienza con otra noticia que da fe de los malos tiempos que corren para las asociaciones obreras. Si antes fue el sindicato minero el disuelto, ahora le toca el turno al Sindicato Profesional de Correos. Días después, el 10 de febrero, la prensa publica que el fiscal pide la pena de muerte para Teodomiro Menéndez. También es relevante la noticia en la que se indica que se pide la reclusión perpetua para el coronel Jiménez de la Beraza, de la fábrica de armas de la Vega, al que acusan de un delito contra el honor militar.

«El fiscal pide pena de muerte y 200 millones de pesetas de indemnización para González Peña y solicita la disolución legal del Sindicato de Mineros Asturianos». Es el titular de portada de EL COMERCIO el 16 de febrero de 1935. Dos malas noticias para el movimiento obrero asturiano, que días después puede leer que se inicia la causa contra 22 procesados acusados de participar en los disturbios revolucionarios en Cimadevilla, el barrio gijonés que junto a El Llano protagonizó en la ciudad la revuelta obrera.

A medida que avanza el tiempo, los ecos de la revolución social asturiana parecen diluirse. Sin embargo, de vez en cuando aparecen en prensa informaciones relativas a consejos de guerra. Prueba de que los juzgados militares continúan aplicando todo el peso de la ley a los que participaron en la revuelta.

Incluso las secuelas de la revolución siguen provocando tormentas políticas en el Gobierno. A finales de marzo, el Ejecutivo se disponía a indultar a 21 condenados a muerte, entre ellos González Peña. Sin embargo, una parte de los ministros que conformaban el gobierno de coalición, entre ellos los de la Ceda, los agrarios y los del partido liberal-democrático, decidieron abandonar el Gobierno como medida de protesta. Lerroux se vio obligado a formar un nuevo gobierno de concentración.

Días antes del aniversario de la II República y para festejar la celebración, el Gobierno levanta el estado de guerra en Asturias. Esta noticia, junto al traslado de González Peña a la cárcel de Cartagena y de Teodomiro Menéndez a El Dueso, puede servir como colofón al periodo de dura represión que se vivió en Asturias después de la revolución de octubre. Sin embargo, estos acontecimientos no se sufrieron en vano. Muchos historiadores coinciden en afirmar que el rechazo a la represión configura el espíritu de la resistencia popular al alzamiento militar del 18 de julio de 1936.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos