Un informe municipal concluye que los derribos del Alto de Aboño son legales

El Ayuntamiento de Carreño afirma que la Autoridad Portuaria no avisó de las demoliciones y pedirá un plan especial de la zona de obras

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El vecino Ángel Varela muestra los restos de los derribos. ::
                             P. G.-P./
El vecino Ángel Varela muestra los restos de los derribos. :: P. G.-P.

Un informe jurídico elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento de Carreño avala la legalidad de los derribos realizados por la Autoridad Portuaria en el Alto de Aboño. Los argumentos esgrimidos en el documento revelan, además, las escasas competencias que tiene el gobierno local para actuar en esta zona. Según el estudio, el Alto de Aboño en el que se llevaron a cabo los derribos se encuentra incluido en el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP) y, por tanto, la autoridad competente es el Puerto de Gijón y no necesita licencia municipal para llevar a cabo el desmonte.

Ahora bien, dentro de estas conclusiones generales, hay aspectos que dan lugar a distintas interpretaciones. En este sentido, los letrados municipales no han podido confirmar si los inmuebles afectados por el plan de demoliciones son de titularidad pública. Creen que deberían estar incluidos dentro del PUEP, un plan que, además, según noticias de la Administración del Estado, «no ha sido aún aprobado». En este sentido, el informe apunta que, de ser así, no se puede entender las demoliciones si el PUEP no ha recibido el visto bueno.

Ahora bien, sí hay algo que la Secretaría General tiene totalmente claro: la Autoridad Portuaria no comunicó la actuación al Ayuntamiento. No respetó «el principio de colaboración» al no informarle previamente cuando, para el gobierno local, se trata de una iniciativa «trascendental», puesto que afecta al Alto de Aboño, a unos terrenos de titularidad pública que han sido incorporados al PUEP. Una medida que, además, está recurrida por el Ayuntamiento de Carreño ante la Audiencia Nacional por carecer de una evaluación de impacto ambiental, trámite que el gobierno local cree necesario.

En cualquier caso, el gobierno local pedirá la elaboración de un plan especial de la zona, puesto que considera que es el trámite que hay que seguir y en el que, además, se tendrá en cuenta su punto de vista.

Por otro lado y, a la vista del informe jurídico municipal, la UICA fue el primer partido en manifestar su opinión. A su juicio, «existen todavía suficientes elementos para emprender una ofensiva legal contra el desmonte del Alto de Aboño», pese a que, tal y como se recoge en el documento, el Ayuntamiento no parece tener la menor oportunidad de ejercer sus derechos sobre un territorio que le es propio, pero que se encuentra afectado por un plan estatal. Según su portavoz, Ramón Artime, «lo que no parece razonable es que el Estado o la Administración regional permitan la destrucción de un patrimonio cultural sin poner el más mínimo reparo».

Alerta vecinal

Los primeros en dar la voz de alarma fueron los vecinos. Según el portavoz de los residentes en la zona Ángel Varela, «advertimos al Ayuntamiento de esta actuación los días 29 de diciembre y 2 de enero y le pedimos, en el Registro Municipal, un duplicado de la licencia de derribo, en caso de existir, y que adoptase las medidas oportunas». Sin embargo, sin haber recibido contestación por parte del gobierno local, las palas excavadoras entraron en el Alto de Aboño el día 5.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento envió hasta el lugar una dotación de agentes de la Policía Local para elaborar un informe sobre la actuación. Varela recordó que, dentro de los planes de la Autoridad Portuaria, entraba derribar una nave agrícola y dos viviendas, una de ellas habitada. No obstante, según la Asociación de Vecinos San Lorenzo, el Puerto ha comunicado al propietario, José Prendes González, que respetará por el momento la vivienda y la nave.