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Marta Renedo trabaja como abogada en Gijón
ASTURIAS

Marta Renedo trabaja como abogada en Gijón

La funcionaria imputada en una trama de corrupción se colegió en Madrid y defendió hace unos días a un conductor acusado de un delito de tráfico

O. SUÁREZ

Sábado, 29 de septiembre 2012, 06:46

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Marta Renedo Avilés, la funcionaria imputada por varios delitos en un caso de presunta corrupción, está trabajando como abogada en Gijón con todas las habilitaciones para ello. En los últimos días se la ha visto ejerciendo la defensa de un conductor acusado de cometer un delito contra la seguridad vial. Según los juristas consultados por este periódico, no existe precepto legal más allá de la prudencia que impida a la mujer desempeñar su nueva labor incluso ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad, del que es titular Ana López Pandiella, quien inició la causa en su contra.

La funcionaria se dio de alta como letrada en el Colegio de Abogados de Madrid el pasado 21 de diciembre. En su ficha profesional inscribió como dirección el piso gijonés que sirve desde hace años de bufete a su hermano J. A., también letrado. Las conversaciones telefónicas intervenidas y que obran en el sumario del caso Renedo denotan el conocimiento jurídico de ambos y los frecuentes debates que mantienen sobre determinados supuestos.

Renedo pertenece a una de los escalafones más altos de la función pública, el Cuerpo Superior de Administradores, al que ingresó por la rama de Derecho. Cuando sus supuestos manejos saltaron a la luz pública, la exjefa de servicio se mantenía afiliada al Colegio de Abogados de Gijón, aunque como abogada «no ejerciente». En los últimos tiempos dio de baja esta ficha para abrir una nueva de «ejerciente» en el colegio madrileño, el que más asociados suma en todo el país.

El cambio ofrece discreción y no impide el ejercicio de la profesión en Asturias. La entrada en vigor de la llamada Ley Omnibus en diciembre de 2009 veta a los colegios profesionales a exigir el permiso previo, la habilitación o pago por actuar en otra comunidad, como venía siendo habitual. La colegiación es además conveniente dado que en caso de llegar a octubre de 2013 sin una ficha abierta, la Ley de Acceso a la Abogacía obligará a los licenciados en Derecho a cursar un máster para incorporarse a la profesión.

Renedo Avilés está imputada provisionalmente, entre otros delitos, por malversación de caudales, cohecho, falsificación en documento público, fraude y exacciones ilegales, pero sobre esta condición prevalece su presunción de inocencia. Los manejos por los que se la investiga motivaron el expediente sancionador y una resolución de la entonces consejera Ana Rosa Migoya suspendiéndola de empleo y sueldo en febrero de 2010. A los seis meses la medida fue prorrogada para enfado de la funcionaria, quien el 30 de septiembre de aquel año y siendo defendida por su hermano demandó alPrincipado por «vulnerar su principio de inocencia». La sentencia del Contencioso-Administrativo 1 de Oviedo impidió el que ha sido su último intento de recuperar el puesto y nómina que le ofrecía la Administración regional.

Los pinchazos telefónicos de la época evidencian que una de las preocupaciones de Renedo entonces era disponer de recursos suficientes para hacer frente a una eventual condena. De ahí que intentara vender el dúplex que en el centro de Oviedo adquirió y que sirve de sede social a su empresa tapadera, Implans Mounts S. L., o que a los pocos días de verse apartada del Principado ya consultara a su hermano si una futura condena la impediría ejercer de abogada.

La respuesta que recibió entonces sigue siendo válida. Una eventual fallo condenatorio por el caso Renedo llevaría aparejado la inhabilitación para el empleo público, dado que los supuestos delitos se cometieron utilizando la función pública. Sin embargo este hipotético antecedente penal no le cierra el camino de la abogacía. Los únicos delitos que pueden forzar a un letrado a apartarse del oficio son aquellos que haya podido cometer en el ejercicio de la profesión y siempre que la sentencia así lo refleje.

3.000 euros al mes en gastos

Cabe recordar que el caso Renedo ha sometido a la funcionaria de la que partió la investigación a una vida muy distinta de la que mantenía. Entre agosto de 2008 y diciembre de 2009, Implans Mounts S.L. le procuró unos beneficios de 1.008 euros al día que se añadían a su nómina como funcionaria de nivel 28, con unos ingresos prorrateados en los 4.882 euros al mes.

En total suman 35.100 euros mensuales gracias a los que mantuvo un fuerte tren de vida, con gastos en calzado, vestido, comida, hoteles y viajes... Los informes policiales señalan que con una de las varias tarjetas que manejaba efectuó en el último año pagos mensuales de 3.000 euros.El desglose desvela cómo en octubre de 2008 pasa por una céntrica zapatería ovetense y se lleva en un día 1.675 euros en calzado y cómo en los meses siguientes repetirá la visita con adquisiciones de similar valor.

La situación por la que atraviesa ahora Renedo es diferente. Con las cuentas embargadas y sus inmuebles intervenidos, la familia tardó en conseguir registrar bienes con los que satisfizo la fianza de 200.000 euros que le permitió abandonar la cárcel de Villabona tras 224 en un módulo tearapéutico. Antes de este verano el magistrado-juez Ángel Sorando, que instruye la causa, ordenó el embargo de los vehículos de los que es titular (una motocicleta marca Yamaha y un turismo Opel Frontera) así como el 50% que le corresponde de dos pisos familiares situados en el centro de Avilés.

Las privaciones son muchas y los gastos siguen ahí. El Ayuntamiento de Oviedo publicó el pasado día 20 en el Boletín Oficial del Principado un requerimiento concediéndole quince días de gracia para presentarse en las oficinas de recaudación y hacer frente a las obligaciones fiscales que tiene contraídas en el municipio, presumiblemente por el piso de Implans Mounts. Su representación la está ejerciendo Luis Tuero, uno de los penalistas más reconocidos de la región. Sorando ya ha dado una pista del futuro al que puede enfrentarse si durante la fase de juicio no es capaz de explicar los indicios acumulados en su contra. El instructor ha fijado una fianza de 1,5 millones por la posible responsabilidad civil incurrida. La cantidad de una idea de la sanción que podría acarrearle una condena.

El próximo 10 de octubre está citada a declarar en un nuevo interrogatorio al que deberá personarse, esta vez, confiándole su propia defensa a otro abogado.

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