El Comercio

Oviedo, 12 jul (EFE).- El Gobierno del Principado sacará la próxima semana a información pública el anteproyecto de ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, texto que hoy ha dado a conocer a los grupos con representación en la Junta General del Principado y que iniciará su tramitación parlamentaria a partir de septiembre.

El texto legal, que ha superado el trámite de consulta previa y que también ha sido trasladado a agentes sociales y entidades del tercer sector , modificará el salario social básico para agilizar su tramitación y adaptarlo a las nuevas necesidades, además de organizar las prestaciones para hacerlas más eficaces

En general, esta normativa pretende ordenar e integrar las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad y ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las distintas administraciones.

En cuanto al salario social, la nueva norma plantea la consolidación y mejora del salario social básico como elemento nuclear de un sistema de garantía de derechos.

Para ello, incluye medidas para agilizar la prestación, como el uso de la declaración responsable y la simplificación de trámites; introduce exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones; y modifica la regulación de los programas personalizados de inserción social, entre otras medidas.

Por otra parte, contempla complementos vitales, con el propósito de atender de manera diferenciada las nuevas realidades y necesidades.

En este sentido, plantea apoyos complementarios para familias con menores y jóvenes, personas con discapacidad y dependencia, o para el alquiler de vivienda, y establece un complemento específico a las pensiones no contributivas para personas que vivan solas.

El texto eleva a derecho subjetivo la prestación destinada a cubrir necesidades básicas de los menores del sistema de protección acogidos por familias ajenas.

En materia de vivienda, aspira a garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública o a las ayudas públicas para ese fin.