El Comercio

Oviedo, 13 jul (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha asegurado hoy que el cierre de minas y de centrales térmicas no es un problema asturiano, sino nacional, que puede tener consecuencias "muy, muy negativas" a corto, medio y largo plazo por incrementos en el precio de la electricidad y sus efectos sobre la industria.

En el pleno monográfico que el Parlamento asturiano ha dedicado hoy a la transición energética, el jefe del Ejecutivo asturiano ha hecho un repaso detallado por todas las consecuencias negativas que sobre el empleo y la actividad económica tendrá en Asturias y otras partes del país.

"Este Gobierno no mantiene una actitud negacionista del cambio climático ni de resistencia numantina, pero sí cree que hay que articular bien el corto, medio y largo plazo porque si no las consecuencias pueden ser muy, muy negativas", ha subrayado Fernández a raíz de que la ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya anunciado su intención de acelerar el proceso de descarbonización.

Frente a esa intención, Fernández ha asegurado que hay que tener en cuenta que España va a cumplir en 2020 con todos los parámetros exigidos por la UE de reducción de emisiones de gases invernadero, de incremento de la eficiencia energética y producción con energías renovables.

Asimismo, ha incidido en que España genera también menos toneladas de gases de efecto invernadero por habitante que la media europea, y muy por debajo de países como Estados Unidos.

Fernández ha asegurado que, en el caso de la minería, pedirá en la reunión que este mes va a tener con el presidente Pedro Sánchez, que promueva ante Bruselas una prolongación de la actividad de las minas que, en principio, deberán cerrar el 31 de diciembre o devolver todas las ayudas recibidas.

En Asturias, Hunosa cuenta con unos 1.300 trabajadores de plantilla y contratas, mientras que la cuenca suroccidental la minería da empleo a más de 600 trabajadores con tres empresas que ya se han visto muy afectadas por concursos y expedientes de regulación de empleo.

En cuanto a las térmicas, además de la que Hunosa tiene en Mieres, EDP cuenta con dos en Soto de Ribera y Aboño (Gijón), en la que se han acometido inversiones para reducir emisiones; Iberdrola con una en Lada que ya ha anunciado que quiere cerrar, y Fenosa con otra más en Soto de la Barca, que no ha acometido mejoras y que también podría verse abocada al cierre en 2020.

Aunque ésta última no ha concretado qué va a hacer, Fernández ha reconocido que con anuncios como los que se han hecho desde el Gobierno central difícilmente sus operadoras van a acometer inversiones.

A partir de julio de 2020 deben retirase de la producción o trabajar 1.500 horas al año, lo que es ineficiente para los operadores -ahora están activas entre 4.000 y 5.000 horas al año-, aquellas térmicas que no hayan invertido para reducir emisiones.

Esta directiva comunitaria dejaría a partir de esa fecha en funcionamiento las dos térmicas de EDP en Asturias, y otras tres en A Coruña, Almería y Campo de Gibraltar.

"Estamos hablando del cierre de dos centrales en dos años en Asturias y un empleo de cien trabajadores de media de alta calidad", ha subrayado Fernández, que ha reconocido que El Musel también se vería muy perjudicado por esas clausuras y por otras cuatro en Castilla y León que se abastecen de mineral de importación a través del puerto gijonés.

El pasado año, El Musel movió 21 millones de toneladas y de ellas unos 6 millones lo fueron de carbón de generación térmica, cantidad que supondría en 2020 una disminución sustancial y que podría conllevar para el puerto asturiano una pérdida de competitividad respecto a otros de la cornisa.

Fernández ha cifrado en 6.000 megavatios los que se dejarán de producir en dos años con carbón si siguen adelante las planes actuales de la ministra -de 10.000 se bajaría a 4.000- en un país que cuenta con un mercado de gas "muy ineficiente" y que puede derivar en una subida de la electricidad.

De hecho, ha asegurado que sin electricidad genera con carbón ésta hubiese subido un 8 por ciento más el pasado año.

La subida del precio de la electricididad afectaría también a la industria del todo el país, no solo a la asturiana porque si bien en Asturias ArcelorMittal produce 4 millones de acero, en España se producen un total de 14 millones, en su mayoría con hornos eléctricos a partir de chatarra por lo que debe tenerse en cuenta que esto es un problema nacional y no coyuntural.