El Comercio

Gijón, 3 nov (EFE).-El Obsevatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies ha pedido a la Audiencia Nacional la apertura del juicio oral en la causa por los sobrecostes en la ampliación del puerto de Gijón y ha solicitado penas de 8 años de prisión para 23 de los 24 a los que atribuye los delitos de malversación, fraude y prevaricación.

La organización, vinculada a Podemos, ejerce una de las dos acusaciones particulares y ha interesado condenas que suman 184 años de cárcel e inhabilitaciones por 18 años y 3 meses para cada uno de los 24 funcionarios y directivos de empresa que se sentarán en el banquillo de los acusados.

También pide que se les condene solidariamente a indemnizar a la Administración General del Estado con 250,92 millones de euros, por los daños causados al aprobar los sobrecostes de la obra.

La abogada del Ocan, Gemma Arbesú, ha considerado que "el fraude cometido traerá como consecuencia la obligación del Estado español de devolver a la Unión Europea una subvención ya percibida por la Autoridad Portuaria de Gijón, por importe de 198 millones de euros".

La plataforma ciudadana ha pedido que se cite a declarar como testigo al ex presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, por haber participado en la reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que decidió aprobar los sobrecostes sin pertenecer a ese organismo.

También ha pedido la comparecencia de la ex alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y del portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, José María Perez, entre otros representantes políticos en el Consejo de Administración del puerto.

Además se ha interesado la investigación del patrimonio de los acusados por entender que "las irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación a las empresas de la UTE adjudicataria de las obras dieron lugar a la obtención de beneficios económicos para particulares en detrimento de los fondos públicos", según ha informado el portavoz del Ocan, Manuel Benayas.