El Comercio

Oviedo, 4 nov (EFE).- El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (OCAN) ha acusado hoy al SOMA-UGT y al Montepío de la Minería de "filibusterismo judicial" por su actuación en la causa abierta en el denominado caso Hulla, que investiga el posible desvío de fondos públicos en la construcción del geriátrico de Felechosa.

En un comunicado, OCAN, organización vinculada a Podemos y que ejerce la acusación particular, celebra el impulso que ha dado a la investigación el trabajo realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha llevado a interrogar a una treintena de testigos, algunos de ellos como investigados.

No obstante, advierten de que las actuaciones del sindicato minero y del Montepío buscan "centrar en José Ángel Fernández Villa -ex secretario general del SOMA-UGT- una mancha de corrupción que se extiende inevitablemente" a ambos.

"El PP se personó en la Gürtel y el Montepío y el SOMA hacen lo propio en el caso Hulla. Esto es piratería judicial: hacerse pasar por víctima cuando se puede ser culpable", añade el presidente de OCAN, José Ángel Gayol, que señala que el sindicato "no ha presentado ni un solo escrito salvo para personarse".

En el caso del Montepío asegura que se empeña "en desmontar las acusaciones y defender los mismos argumentos que los investigados, como cuando dice que no existe duplicidad en los pagos ni facturas falsas" y pone como ejemplo que en su testifical del pasado 26 de octubre Armando Fernández Natal "olvidó" que es el actual interventor de la mutualidad obrera.

En la "Operación Hulla" están siendo investigados, entre otros, el expresidente del Montepío José Antonio Postigo y Fernández Villa por su presunta autoría en los delitos de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, falsedad de documento oficial y mercantil, tráfico de influencias, apropiación indebida, contra la hacienda pública, malversación, cohecho y prevaricación.

Según consta en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el Montepío simuló contar con los requisitos necesarios para obtener la subvención pública de 31 millones con la que construyó la residencia.

Anticorrupción inició esta investigación después de que Villa y Postigo se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico.