El Comercio

Oviedo, 14 ene (EFE).- La Ley de Acción Concertada permitirá mantener un modelo basado en la cooperación con entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios en el ámbito de la atención social, según ha explicado hoy en sede parlamentaria la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

La consejera, que ha encabezado la ronda de comparecencias en el Parlamento asturiano, ha destacado la importancia del texto legal con el que el Ejecutivo cumplirá su compromiso de legislatura de dar estabilidad a la colaboración con las entidades.

El proyecto de ley de Acción Concertada, cuya tramitación ha comenzado hoy en la Junta General del Principado, garantizará la continuidad de la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales.

Esta norma, muy demandada por el tercer sector, permitirá impulsar un modelo sostenible y cohesionado, basado en la cooperación con las organizaciones que prestan servicios de forma eficiente en todos los ámbitos de la atención social.

La futura norma favorecerá el derecho de los usuarios a una asistencia continuada y de calidad, que ha de tener en cuenta el arraigo de las personas en su entorno.

Además, podrá ser aplicada a otros ámbitos de la Administración autonómica y también por parte de las entidades locales, que pasarán a contar con un marco seguro para la concertación de servicios.

El texto regula las medidas necesarias para la aplicación del régimen de acción concertada: ámbitos susceptibles de acuerdos, prestaciones, características de las entidades colaboradoras, etcétera.

Define como ámbitos de aplicación las prestaciones dirigidas a garantizar la protección de menores, la atención a personas con discapacidad o dependientes y sus familias, y aquellas medidas que favorecen la inclusión social, entre otras que pueda determinar el Consejo de Gobierno en el ámbito de sus competencias.

La finalidad de la acción concertada será la reserva y la ocupación de plazas para uso exclusivo por parte de usuarios de servicios sociales de responsabilidad pública, además de la gestión integral de prestaciones, servicios, programas, recursos o centros.

Para la selección de las entidades, se tendrá en cuenta su implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio, la valoración de las personas atendidas, la calidad y la continuidad en la asistencia, la experiencia acreditada en la gestión y sus certificaciones de calidad, además de valorar las buenas prácticas sociales y de gestión, así como la formación específica del personal.

Las formas actuales de prestación de servicios sociales, diseñadas al amparo del marco jurídico europeo, estatal y autonómico, se basan en una combinación equilibrada entre la gestión directa, indirecta y la acción concertada, con el fin de ofrecer la más eficiente respuesta a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, a través de acuerdos marco, el Gobierno de Asturias tiene contratados servicios con 20 entidades del ámbito de la discapacidad, a los que destina anualmente 19,2 millones, y con 14 organizaciones del ámbito de la infancia, con una inversión de 9,8 millones al año.