El Comercio

Oviedo, 24 abr (EFE).- La Audiencia Provincial ha ratificado la nulidad del contrato que un vecino de Luarca suscribió con el extinto Banco Popular para la financiación de un préstamo para adquirir, en la ampliación de capital, 86.156 derechos y suscribir 80.002 acciones, valorados en 120.000 euros, y que derivó en el embargo de sus cuentas, entre ellas su pensión.

El tribunal de la Sección Cuarta ha desestimado así el recurso de apelación que el Banco Santander -entidad que posteriormente absorbió al Popular- interpuso contra la resolución del Juzgado de Luarca que, el pasado mes de diciembre, dio la razón al cliente, representado por el abogado Rubén Cueto Vallverdú.

El tribunal sostiene que la información incluida en el folleto informativo con el que el Banco Popular comercializó las acciones de la ampliación de capital no permitía al cliente conocer su verdadera situación, ya que arrastraba graves problemas de solvencia desde el año 2012.

Cueto ha explicado que el Banco Popular había financiado al cliente para la adquisición de acciones y su sucesor, el Banco Santander, interpuso un procedimiento de ejecución embargando las cuentas del cliente, con lo que "no sólo le arruinaron con las acciones, sino que además le han dejado sin comer por los embargos que en la actualidad le han trabado", ha señalado.

El titular del Juzgado de Primera Instancia de Luarca declaró acreditado que el contrato suscrito entre el particular y el Banco Popular, el 7 de junio de 2016, fue fruto de un error "invencible, justificable y que recae sobre elementos esenciales del contrato" a través de una información "parcial y sesgada" de su verdadera situación económica.

La Audiencia viene a confirmar que la suscripción y adquisición de acciones como inversión financiera no entraña mayores dudas o conocimientos financieros, pero la entidad debe facilitar información cierta, veraz y asequible al suscriptor para que pueda valorar la conveniencia o no de realizar la inversión y el riesgo al que se expone y está dispuesto a asumir.

La Sala recalca que la oferta pública de venta o suscripción de nuevas acciones de una entidad bancaria exige como requisito previo la elaboración de un folleto informativo que debe ser aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) .

El examen del folleto informativo con el que se comercializaron las nuevas acciones adolece, según la Audiencia, de la sencillez y claridad que prevé la legislación, empleando conceptos técnicos de difícil comprensión para un ciudadano medio.

Además, subraya que el aspecto más relevante es que no facilita una información que permita al cliente llegar a saber la verdadera situación económica de la entidad bancaria ni su posible y probable evolución futura.