Anticorrupción centra sus pesquisas en el macroproyecto de Felechosa

Se trata de una macroresidencia cuyo coste final alcanzó los 32,5 millones, después de exceder con creces el presupuesto inicial

ANA MORIYÓNGijón

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que buena parte de los 1,2 millones de euros regularizado por José Ángel Fernández Villa en la amnistía fiscal proceden de las obras del geriátrico de Felechosa (Aller). Una macroresidencia cuyo coste final alcanzó los 32,5 millones, después de exceder con creces el presupuesto inicial, y que fue financiada con los fondos mineros en beneficio del Montepío de la Minería, en el que Villa siempre tuvo un papel destacado y cuya presidencia ostentaba su íntimo amigo, José Antonio Postigo, quien también acudió a la amnistía fiscal para regularizar 360.000 euros.

La Fiscalía apunta que se hicieron «certificaciones falsas» de las que se habría beneficiado, al menos, el ex secretario general del SOMA, y está preparando la querella por apropiación indebida y falsedad documental contra el exsindicalista.

La construcción de la residencia salió a concurso por 27,73 millones de euros y fue adjudicada a la firma Alcedo de los Caballeros, propiedad de Juan Antonio Fernández, un constructor del círculo de amistades de Postigo. El proyecto fue modificado al alza y su coste se incrementó hasta los 32,5 millones.

A las investigaciones de la propia Fiscalía, se suman además las indagaciones que la actual dirección de la mutua está realizando tras detectar que el geriátrico presenta serias deficiencias. El Montepío encargó, de hecho, un informe técnico a un estudio de arquitectos que, según explica el actual presidente, Juan José González Pulgar, ratifica que en algunas actuaciones «no coincide lo ejecutado con lo proyectado y liquidado», mientras que en otros casos, añade, «hay obra proyectada que no está ejecutada pero sí liquidada». El Montepío de la Minería, que valora estas «graves irregularidades» en dos millones de euros, reclama ahora a la constructora que se haga cargo de las mismas. Asesores técnicos y jurídicos de las dos partes afectadas están, de hecho, en plenas negociaciones para tratar de solventar esta situación sin necesidad de acudir a la vía judicial.

El aparejador de la residencia, Vicente Fernández García, asume que, como cualquier otra obra, este edificio puede presentar algún defecto o vicio de construcción. Sin embargo, niega que las irregularidades detectadas puedan tener la dimensión que denuncia ahora el Montepío, y que cuantifica en dos millones de euros. «Puede haber aparecido algún problema, pero nunca de esa magnitud», sostiene este técnico.

 

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