El PGO de Gijón avanza hacia su aprobación

Terrenos de Naval Gijón, que en el PGO se desarrollarán a través de un plan especial que excluirá los pisos y mantendrá el uso industrial compartido con usos terciarios de carácter comercial./
Terrenos de Naval Gijón, que en el PGO se desarrollarán a través de un plan especial que excluirá los pisos y mantendrá el uso industrial compartido con usos terciarios de carácter comercial.

Cinco de los seis grupos políticos respaldan inicialmente un Plan con un crecimiento más contenido

MARCOS MOROGijón

El Plan General de Ordenación (PGO) quedó aprobado de forma inicial con el apoyo de cinco de los seis grupos municipales. Solo el PSOE se quedó fuera del consenso político después de que el gobierno local de Foro aceptara en el Pleno extraordinario de febrero cambios de última hora en las fichas urbanísticas del astillero Armón, el Tallerón y la finca Bauer.

Se trata de un planeamiento que elimina la posibilidad de construir bloques de pisos en la zona rural y propone un crecimiento más contenido que los dos anulados por los tribunales durante los últimos años de mandatos socialistas. Un nuevo Plan General que prevé el desarrollo de 11.464 viviendas en los nuevos ámbitos propuestos por el equipo redactor durante su periodo de vigencia (a las que hay que sumar otras 8.622 de las herencias de planes anteriores y las actuaciones concertadas) que marca entre sus objetivos el crecimiento de la ciudad hacia el interior, la racionalización del desarrollo en el medio rural y la protección medioambiental del municipio.

Una de las grandes actuaciones recogidas en el PGO secundado por 20 de los 27 concejales afecta a los terrenos de Naval, actualmente sin uso salvo los diez días al año en que se celebra la Semana Negra. Los grupos municipales pactaron la renuncia a cualquier pretensión de uso residencial en el antiguo astillero, donde se mantiene el industrial compartido con usos terciarios de carácter comercial. Tampoco estará permitida la construcción de pisos ni hoteles en la antigua Juliana ni en el Tallerón de Duro Felguera.

El documento de aprobación inicial incorpora también como novedad la figura de las zonas ambientalmente protegidas, que abarcan los barrios de la zona oeste y del sur más castigados por la contaminación atmosférica. Se trata de una nueva subdivisión del suelo no urbanizable que plantea la creación de espacios de respiro para zonas altamente degradadas y con gran concentración de polución en el aire.

El polémico urbanizable de Cabueñes es otro de los que experimentan cambios. Este desarrollo urbanístico perderá no solo todo el aprovechamiento residencial colectivo los bloques de pisos que levantaban en la zona un muro como el de San Lorenzo sino que quedará reducido a la mínima expresión en cuanto a la construcción de nuevas viviendas. Solo se podrán levantar 85 y todas de tipología unifamiliar de baja densidad (bajo más dos y 12,60 metros de altura máxima).

En virtud del nuevo PGO el Parque Científico y Tecnológico incorporará nuevas parcelas y ganará más de 170.000 metros cuadrados con enclaves en la zona de la antigua Pecuaria de Somió y la finca La Formigosa. En cuanto a los terrenos de Mina La Camocha, la previsión es configurar allí un nuevo parque empresarial que, a diferencia del Parque Científico, estará orientado al sector agroalimentario.

También es novedad el proyecto para desarrollar una playa verde en el entorno del Sanatorio Marítimo y el edificio de apartamentos del Ricks. El único urbanizable de entidad que se mantiene en el ámbito rural, a falta de lo que suceda finalmente con el informe de alegaciones, es del Infanzón con 370 viviendas unifamiliares. La Quinta Bauer se ha desgajado de esa operación residencial después de que surgiera la polémica sobre un presunto trato de favor a la familia Figaredo.

Segunda información pública

El equipo redactor del Plan General sufrió un importante crisis por desavenencias internas y su director, Emilio Ariznavarreta, cambió a más de la mitad de sus integrantes.

El PGO tendrá una segunda información pública durante el primer trimestre de 2017, para que los ciudadanos puedan alegar de nuevo sobre aquellas cuestiones que hayan sido modificadas respecto al documento de aprobación inicial. Se busca así dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a la tramitación de un Plan cuya aprobación definitiva se espera para el primer trimestre de 2018.

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