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Los vecinos de Granda, en Siero, han montado en cólera tras saber que se ha iniciado el proceso para «normalizar» las fincas donde se ... va a instalar un parque de baterías, uno de los primeros aprobados ambientalmente por el Principado. Se trata de parcelas «inedificables» y se va a arreglar esa situación para favorecer la instalación del almacén energético. El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', defendió la actuación municipal con esta explicación: «Tramitamos licencias conforme a la legislación de este país».
El regidor, sobre la información avanzada por EL COMERCIO, indicó que «cuando una persona física o jurídica solicita algún trámite de competencia municipal lo que hacemos es gestionarlo con la máxima normalidad; y eso es lo que hemos hecho. El plan contará con los informes técnicos preceptivos, que no los hacemos los políticos, como cualquier otro expediente».
El alcalde señaló que no se puede tramitar o no tramitar los expedientes «según nuestros gustos, esto sería prevaricación además de un grave perjuicio para un estado democrático. Hay que dar seguridad jurídica», dijo sobre esta tramitación urbanística.
Los vecinos ya han iniciado un procedimiento legal –un recurso– contra la autorización ambiental por parte del Principado, alegando falta de información; y ahora han puesto este asunto en manos de otro abogado para estudiar las posibles vías para frenar esta modificación ante el Ayuntamiento sierense.
El letrado que lleva este asunto, Francisco Sánchez, con despacho en Oviedo, indicó el pasado jueves que, efectivamente, se trata de un procedimiento de gestión urbanística que implica cambios en la actual configuración de las parcelas afectadas por el proyecto. Lo que tiene claro este abogado es que «en la actualidad, esas fincas no son edificables, por lo que no se podría instalar el almacén energético». Toca analizar el procedimiento, señaló, para ver si está sujeto a derecho o no, como ya creen los afectados.
No obstante, Sánchez, en un análisis preliminar de la documentación, asegura que está incompleta; «igual ha sido algo involuntario, pero es que ya ha ocurrido con el Principado». Afirmó que en la información pública expuesta falta la documentación técnica, por lo que ahora es imposible presentar alegaciones a esta propuesta.
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