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Chelo Tuya y Sara García Antón
Gijón
Domingo, 16 de febrero 2025, 01:00
«Este caso pone de manifiesto la urgencia de reforzar la protección de las víctimas de violencia de género». La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ... se pronunciaba con estas palabras sobre la puesta en libertad, el pasado miércoles, de un vecino de Siero detenido por un delito continuado de violencia sobre la mujer, del que es multirreincidente, y otro de lesiones. Pese a la petición de la Fiscalía de ingreso en prisión del acusado, un juzgado de Siero denegó la propuesta, aunque sí mantuvo las medidas cautelares de protección a la víctima. «La vida y la integridad de las mujeres están en riesgo y cada decisión cuenta», añadía Llamedo, quien reclamó el «compromiso firme de todas las instituciones en «esta lucha». Desde el Góbierno de Asturias, garantizó, «seguimos reforzando los recursos de atención a las víctimas».
Llamedo hizo hincapié en que es «imprescindible redoblar esfuerzos para evitar cualquier sensación de impunidad». «No podemos fallar», remarcó, al tiempo que insistió en que la violencia machista «no puede encontrar grietas en el sistema».
Las feministas asturianas también reaccionaban a lo sucedido, que calificaron de «inadmisible» y «preocupante». «Es el mundo al revés: ella, con protección policial y él, en la calle, tan tranquilo», resumió Flor Tejo. La portavoz de Muyeres de la Escandalera considera «inadmisible que un juzgado deje en libertad a un agresor reincidente, que profiere amenazas de muerte y crea una situación de terror para la mujer».
Lo dice porque la Fiscalía sostiene que, entre el 6 de marzo y el 25 de diciembre del año pasado el detenido profirió a su pareja en el domicilio de ambos expresiones amenazantes como «Mira que te voy a matar» o «Vacío un cargador a la casa». En enero de este año la agredió físicamente, con puñetazos en la cara y por todo el cuerpo que obligó a la víctima a ser asistida médicamente.
«Empieza a ser preocupante que algunas administraciones minimicen la violencia machista y aún más si estamos ante una situación reincidente», lamentó Blanca Aranda. La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Asturias se refiere a otra de las consideraciones del Ministerio Público, que no solo considera que la actuación del sierense es constitutiva de un delito de violencia de género y otro de lesiones leves, sino que concurre «la agravante de multirreincidencia» para el delito de amenazas. Por ello, Fiscalía pide para el acusado un año y seis meses de prisión por el primer delito, además de privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y la prohibición de aproximarse a 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante tres años.
Por el segundo delito, pide un año de prisión, además de una indemnización para la víctima de 600 euros por las lesiones que le causó y otra al Servicio de Salud del Principado (Sespa) por la cuantía que se determine por los gastos médicos.
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