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P. GUTIÉRREZ
ARGÜELLES.
Domingo, 15 de diciembre 2024, 01:00
El diputado regional del Partido Popular, Luis Venta, se reunió ayer en Siero con los vecinos de Argüelles, afectados por el plan para instalar ... un parque de baterías en una zona muy cercana a sus viviendas. Venta acudió en compañía del portavoz municipal del partido en el concejo, Juan Luis Berros, quien señaló el reciente cambio en los planes de la empresa Galbano Power para recolocar el plan de baterías, pasando de una zona rural de la parroquia a una urbana.
Esto, declaró Berros, «va en contra del mandato del alcalde» del Ayuntamiento de Siero (PSOE), pues el pasado mes de julio «se aprobó una moción que establecía una distancia mínima entre estos parques y las viviendas del concejo». Por ello, criticó al regidor de Siero, Ángel García, respecto al tema, dado que su «intervención personal» no ha sido la más adecuada. Actuó, a su criterio, «con nocturnidad y alevosía» a su cargo.
Así pues, en sintonía con el diputado popular, ambos urgieron no solo a la prontitud en el marco regulatorio de estos parques, sino también a «suspender los proyectos que están en tramitación y que están planeados para estar en lugares próximos a viviendas». Es algo primordial, añadieron, para «evitar el desastre que se asoma». Además de señalar los retrasos en la implantación de un marco regulatorio que «los consejeros Roqueñí (Transición Ecológica) y Zapico (Ordenación del Territorio) se comprometieron a decretar este año». Venta criticó el hecho de que «lo que se está haciendo es dar autorizaciones y, a partir de ahí, regular a hechos consumados. Eso no vale».
Por otro lado, explicó que el decreto de autorizaciones no afecta a proyectos en suelo industrial, aunque estén cerca de viviendas. Es ahí, especificó, donde se halla la «trampa» burocrática, pues algunos suelos industriales pueden estar en zonas de exclusión por su cercanía a viviendas, pero si no hay directrices que lo aclaren –como en el caso de Argüelles– «será difícil evitar la implantación».
De ahí la prontitud de reaccionar a lo que las empresas ven un «chollo normativo» en Asturias, sin regulación.
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