¿'Lawfare' en Siero? El alcalde acumula casi medio centenar de denuncias

El número de procesos en diferentes instancias asciende a 47 relacionados con su labor al frente del Ayuntamiento; son 15 las causas penales. ¿Qué las motiva y quién las interpone? El Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) ha presentado siete demandas, por injurias por unas declaraciones del alcalde calificando al cuerpo de mafia; por calumnias (en este caso, presentada por el secretario general en Asturias de este sindicato, Ildefonso Rodríguez del Río); por prevaricación administrativa; tráfico de influencias; falsificación de documento público; amenazas, coacciones, acoso laboral y obstrucción a la justicia; por irregularidades en la venta de parcelas del polígono de Bobes; y otra más por injurias.

Además, agentes o mandos de este cuerpo han interpuesto otras cuatro denuncias penales por supuesta revelación de secretos, acoso laboral por parte de un excomisario y posibles irregularidades en obras.

¿Por qué lo denuncian por la vía penal? El alcalde tiene su propia explicación: «Se ha judicializado la vida política y este país se ha vuelto ingobernable. Yo tengo que pagar a mi abogado. Si pierdo, me juego el puesto, pero ellos –dijo el pasado jueves en referencia a las denuncias de los policías locales– tienen letrado del sindicato, justicia gratuita y, si pierden, no les pasa nada. Llevan las causas por lo penal porque es la única fórmula que tienen para que yo dimita, y eso va en contra de la voluntad de los ciudadanos cuando votan. Estos señores, con la connivencia de PP y Podemos, buscan lo que las urnas no les han dado».

El alcalde confía en que se archive la última causa presentada en su contra y critica que, en el caso de la Policía, «siempre son los mismos: los denunciantes y testigos se cambian los roles en las causas. Son siempre los mismos».

También por la vía penal denunció Podemos al alcalde por prevaricación administrativa, una causa que fue archivada. Asimismo, el portavoz del Partido Popular, Juan Luis Berros –también abogado–, ha presentado dos denuncias relacionadas con la concesión de uso de las instalaciones deportivas a determinados clubes. Esta causa se archivó en primera instancia. «Debe señalarse que la característica de la fase instructora del procedimiento penal no es otra que la investigación de hechos en apariencia delictivos y, dado que ni siquiera presentan tal carácter, debe procederse al archivo. No se desprenden indicios de criminalidad suficientes en las presentes actuaciones», leyó el alcalde en el auto. ¿Y ahora? «Pues Berros ha encontrado un resquicio legal; me ha puesto una querella criminal por lo mismo, y puede que este procedimiento sí se admita por su propia tramitación. Se trata de una argucia legal y de buscar ruido mediático», sostiene el regidor.

El alcalde también ha sufrido varapalos judiciales. El pasado febrero, el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Oviedo estimó un recurso del SIPLA contra una resolución de la Alcaldía que encomendaba las tareas de dirección y funcionamiento del cuerpo a un agente. Desde el sindicato aseguran que el regidor «ignora esa sentencia y ha vuelto a hacer lo mismo», al nombrar nuevamente a un agente como jefe. «Lamentablemente, vamos a tomar medidas judiciales, de nuevo, contra esta decisión. Somos policías y tenemos que denunciar todos los hechos delictivos que detectamos», afirman.

En total, se contabilizan 21 denuncias por la vía Contencioso-administrativa, la mayoría interpuestas por el SIPLA o por agentes que denuncian diversos motivos laborales, como nombramientos, problemas con las vacaciones o las bases de promoción interna de subinspector. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Oviedo dictó un auto, este verano, por el que ordena suspender cautelarmente el proceso para cubrir dos plazas de subinspector en la Policía Local. ¿El motivo? En la oferta pública de empleo de 2023 se decidió que estos puestos se cubrirían mediante promoción interna, cuando la ley de coordinación de estos cuerpos exige reservar un 50% para agentes de otros municipios.

El SIPLA sostiene que ya había advertido sobre las «irregularidades» de este proceso, que consideran diseñado para afianzar a dos funcionarios de Siero en la jefatura del cuerpo.

Además de las vías Penal y Contencioso-administrativa, también se han presentado tres denuncias ante la Inspección de Trabajo por deficiencias en las instalaciones de la Policía, acoso y el estado de un coche policial. Ante la Agencia de Protección de Datos se han interpuesto cinco denuncias, una más ante la Fiscalía, otra ante el Defensor del Pueblo, una en el juzgado de Instrucción y tres ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

'Cepi' ya anticipa que habrá más denuncias, pero advierte que seguirá adelante: «Todo esto me reafirma en mis ganas y mi convencimiento de que hay que luchar y trabajar para hacer lo mejor posible y para que nuestras administraciones den respuesta a los ciudadanos. Que la política sea útil y las cosas vayan mejorando. A esas personas a las que pagamos con los impuestos de todos, mucho dinero, debemos exigirles que cumplan, aunque nos denuncien. Y lo voy a seguir haciendo siempre», afirmó tras declarar en el juzgado.