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En Asturias, una persona con dependencia espera 245 días, de media, antes de ver reconocida su situación y recibir la ayuda que necesita. A la ... espera fallecieron, en el último año, 1.118 personas, ya que la demora para lograr una ayuda a la dependencia creció en el Principado un 35%, con 715 personas más en el limbo (grupo de personas con derecho reconocido, pero sin recibirlo).
Unas cifras que han servido para que el Observatorio de la Dependencia vuelva a suspender al Principado en su aplicación de la ley. Le otorga un 3,5 sobre 10, aunque «en el último año atendió a 1.277 nuevos dependientes, un 4,61% más que en el ejercicio precedente, pero la media nacional es del 7,47%.»
Como el Principado, también han cosechado calabazas Extremadura (4,7), Aragón (4,4), Ceuta y Melilla (4,4), País Vasco (3,8), Cantabria (3,5), Cataluña (3,5), Canarias (2,9) y Murcia que cierra el ranking nacional con 2,4 puntos. La otra cara de la moneda la protagoniza Castilla y León, la eterna alumna brillante de este examen, que logra un 8,5.
Suspende de nuevo Asturias un dictamen que solo aprobó en el primero, el realizado en diciembre de 2008, con su nota más alta: 6,5. Había sido en abril de 2007 cuando el Principado lideró la puesta en marcha de la ley y con ella del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (SAAD), nacido para ser equiparado al sistema sanitario o al educativo. Volvió a aprobar en diciembre de 2014, con un 5, puntuación que repitió en diciembre de 2021.
De hecho, de ese ejercicio dice el Observatorio, creado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que la región tuvo «unos resultados verdaderamente sobresalientes», tan buenos que remontaron la nota más baja de la historia, el 1,1 con el que acabó 2019.
Así lo señaló el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, durante la presentación ayer en Madrid del XXIII Dictamen de la Dependencia, en el que se analiza la aplicación de la ley en todas las comunidades autónomas. Este año, con especial atención al Plan de Choque de la Dependencia, el puesto en marcha en 2021.
En su radiografía de lo ocurrido, explica que «Asturias cerró 2022 con 1.862 nuevas prestaciones (menos de la mitad de las 4.189 realizadas en 2021), que se han aplicado, casi íntegramente, a servicios: ayuda a domicilio (634), prestación vinculada a un servicio (387), teleasistencia (307), prevención (270) o atención residencial (167) y únicamente un 0.55% a prestación para el cuidador familiar». De ese modo, el SAAD «genera ya en Asturias más de 7.200 empleos directos, con una tasa de creación de empleo de 54,4 empleos por millón invertido, una de las más altas del país».
En su resumen, la ejecución en Asturias del Plan de Choque de la Dependencia, impulsado por el Gobierno central en 2021, «se ha saldado con 1.277 nuevas personas dependientes atendidas, y la creación de 1.891 nuevos puestos de trabajo». A final de 2022, en Asturias había 40.199 personas con valoración (1.969 más en un año); 31.755 personas con derecho a una ayuda (1.992 más en un año) y 28.977 personas con ayuda recibida (1.277 más en un año). Del total que reciben ayudas, 26.128 (8.900 más en un año) disponen de un servicio profesional y 10.894 (59 más en un año) están atendidos por un familiar.
Si sumó beneficiarios, tiene un limbo por debajo de la media y ganó en empleo, con una de las tasas más altas del país, ¿por qué suspende Asturias? Lo hace porque, además de cerrar 2022 con «un incremento del 35% de la lista de espera», el promedio de gasto público por persona dependiente «desciende en 2022 hasta los 4.104 euros, alejándose, más aún, de la media nacional situada en 6.026 euros, y de la que le separa un diferencial del 32%».
Un menor gasto público que se debe «al modesto importe económico» de las pagas al cuidador familiar «que representa el 29,3% de su cartera de servicios con apenas 169,42 euros mensuales de media». Criticó Ramírez este «exceso de cuidados 'low-cost'» y lo explicó con datos: «Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros: 139,6 para las personas con dependencia de grado I (leve); 240,5 para grado II (moderado), y 334,9 para el grado III (severo)».
Frente a esas cuantías, muestra las ayudas para recibir atención residencial profesionalizada (geriátricos o viviendas para personas con discapacidad) «oscilan entre los 445,5 euros al mes para una dependencia moderada y los 550,8 para el grado más alto».
Lamenta Ramírez que, «el gasto público por habitante en Asturias vuelve a descender hasta los 114,9 euros anuales frente a los 163,2 de la media nacional». Un 30% menos.
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