Colegios e institutos deberán comprar los libros de los alumnos becados

Colas ante el Conseyu de Mocedá para acceder al banco de libros. /
Colas ante el Conseyu de Mocedá para acceder al banco de libros.

Los directores, molestos con una nueva directriz de la Consejería de Educación que les obliga a elegir y distribuir el material escolar

A. VILLACORTA GIJÓN.

Una circular firmada por la jefa de Servicio de Centros de la Consejería de Educación del Principado, Violeta María García, ha sembrado la «indignación» en colegios e institutos asturianos. Y, de hecho, varios directores ya se están organizando para «intentar paralizar» las instrucciones recibidas desde el departamento que dirige Ana González sobre los libros de texto de cara al próximo curso y «a apenas quince días de que concluya éste».

La circular, «de obligado cumplimiento», establece que los colegios e institutos asturianos deberán elegir y comprar los libros de texto del alumnado beneficiario de una ayuda por este concepto. Y eso, basándose en el número de estudiantes que el año pasado recibieron una beca para adquirir material escolar (105 euros). Y, para ello, la consejería asignará a cada centro educativo una partida económica «equivalente a la suma del importe de las ayudas de libros de texto que obtuvieron» los beneficiarios de la convocatoria en el periodo 2013-2014.

Y ya, posteriormente, «una vez resulta la convocatoria correspondiente al curso 2014-205 (aproximadamente en el mes de noviembre), los centros recibirán el importe restante, que corresponderá a los nuevos beneficiarios del programa».

El objetivo es, según Educación, que ese material, que deberá ser posteriormente sellado por el centro e inventariado, sea utilizado por el alumnado «de forma provisional» y pase, después, «a formar parte del banco de libros o fondo bibliográfico» de colegios e institutos.

Ahora bien, ¿qué pasará si, una vez resuelta la convocatoria 2014-2015, el alumnado «que esté disfrutando del servicio de préstamo» no resulta beneficiario del programa? También está previsto por Educación: podrá seguir utilizando el material aunque «de forma excepcional, hasta la finalización del curso».

Se trata del prometido impulso a los programas de préstamo y la reutilización de libros de texto, pero «con una improvisación y una falta de criterio total», denunció ayer mismo SUATEA, que aseguró que, «una vez más, la consejería carga de responsabilidades que no les corresponden a las direcciones de colegios e institutos, imponiendo la ejecución de una serie de decisiones con gran trascendencia para el alumnado y las familias. Todo ello, «a falta de quince días para acabar el curso escolar, en un momento en el que las tareas administrativas son desbordantes, ya que cada vez hay menos personal y la burocracia aumenta a costa del sobreesfuerzo» de los profesionales.

O lo que es lo mismo: «Pretenden sustituir las experiencias de 'Bancos de libros' que están dando frutos en algunos centros» y que «no pueden improvisarse en quince días». Y «el asunto es especialmente grave si tenemos en cuenta que muchos alumnos verán conculcado su derecho a recibir la beca», ya que «serán objeto de la misma aquellos que lo fueron el curso pasado sin considerar las nuevas necesidades ni los cambios de las circunstancias familiares que se hayan producido a lo largo del año».

Piden su retirada inmediata

«La Administración prevé resolver la convocatoria» de becas en el mes de noviembre, critican además, «cuando ya está mediado el primer trimestre y las carencias de recursos de muchos niños y niñas deberían estar resueltas hace meses. No podemos olvidar además que las cantidades de las que hablamos son irrisorias (105 euros) teniendo en cuenta el coste real de libros y materiales escolares».

Y, «dado que no alcanza para todo, vuelve a quedar bajo la responsabilidad de los centros qué libro se compra y cuál no, constituyendo todo un parche que será incapaz de tapar el agujero de las necesidades reales en la situación económica en la que nos encontramos», por lo que el sindicato, que cree que «se busca que las familias no cobren los 105 euros directamente», exige «la retirada inmediata del documento».