Los colegios del Opus afrontan devolver dos millones de euros al Principado

Dos colegios asturianos vinculados al Opus Dei, Peñamayor y Los Robles, afrontan la devolución de dos millones de euros al Principado a consecuencia de varias sentencias que amparan la decisión del Gobierno regional de retirarles los conciertos por practicar la segregación por sexos en las aulas.

Las resoluciones judiciales, que hoy ha hecho públicas la consejera de Educación y Cultura, Ana González, desestiman los recursos presentados por ambos centros contra la decisión del Principado de eliminar sus conciertos para el periodo comprendido entre los cursos 2013/2014 y 2016/2017 así como la reclamación planteada por las asociaciones de padres de estos centros.

En el primer caso, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que puede ser recurrida ante el Supremo, asume la tesis de la Consejería al considerar que la denegación de los conciertos no supuso una vulneración del derecho a la educación ni a la libertad religiosa.

El mismo tribunal ha rechazado también el recurso presentado por los padres que pedía mantener los conciertos amparándose en un apartado de la Ley de Presupuestos del Estado que contemplaba esta posibilidad al considerar que dicha normativa es de rango inferior a la Ley Orgánica que regulaba el sistema educativo hasta la aprobación de la reforma por parte del actual Gobierno central.

A estas resoluciones judiciales se suma una tercera del Tribunal Supremo que eleva de 60.000 a dos millones de euros la fianza impuesta hasta que no hubiese una sentencia definitiva dado que, hasta ahora, el Principado había abonado los gastos derivados de los conciertos con ambos centros pese a no haberlos renovado.

Así, según ha explicado González, la caución inicial era de 30.000 euros por colegio y ahora se eleva a 700.000 en el caso de Peñamayor y de 600.000 en el de Los Robles, cantidades a las que se añaden los intereses correspondientes con lo que la cifra a pagar una vez sea firme la sentencia del TSJA ascenderá a dos millones.

La nueva ley educativa sí contempla esta posibilidad por lo que, tras su entrada en vigor, ambos centros han planteado a la Consejería la renovación de sus conciertos, una petición a la que el Principado se opondrá porque sigue considerando que dicho modelo es "discriminatorio" y no debe financiarse con fondos públicos.

En este sentido, la consejera ha recordado que la administración autonómica tiene transferidas las competencias de planificación educativa y que en este momento en Asturias "no se necesitan más plazas escolares" dado que con las existentes en centros públicos y concertados se cubre "toda la demanda" existente.