La acusación apoya reabrir el 'caso Renedo' para investigar al clan Otero

María Jesús Otero, en febrero de 2013, en la Junta General. /
María Jesús Otero, en febrero de 2013, en la Junta General.

Avall aprovecha la iniciativa de la fiscal para cuestionar el patrimonio de los amigos y familia y pedir que se procese a Pérez Cueto y Madera

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

La fiscalía no está sola a la hora de pedir la reapertura del 'caso Renedo'. Las acusaciones populares se están movilizando para respaldar la iniciativa y llevarla a su terreno. El Ministerio Fiscal considera que el magistrado-juez Ángel Sorando, instructor del mayor caso de corrupción conocido en Asturias, habría cometido varios defectos formales en sus últimos autos. La envergadura de los mismos es tal que en el futuro los condenados podrían denunciarlos ante el Tribunal Constitucional y lograr tumbar todo el proceso y sostiene la fiscalía. Por este motivo, el Ministerio Público interesó a la Audiencia Provincial que anulara los últimos avances en el proceso, reabriera la fase de instrucción, si bien con la intención de que un nuevo juez reescriba únicamente los autos de conclusión y procesamiento. Nada se cuestiona sobre las pruebas realizadas ni el listado de candidatos al banquillo de los acusados.

El debate planteado por el fiscal se ciñe a cuestiones de técnica procesal, pero las acusaciones pretenden ampliarlo. El primero en abrir la brecha ha sido Esteban Aparicio, letrado de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), la acusación popular más activa en el proceso. En su escrito a la Sección Tercera el abogado se suma «parcialmente» al reclamo de la fiscalía y aprovecha para plantear una serie de indagaciones «imprescindibles para la comprobación de los hechos y que no pueden practicarse en el juicio oral».

La tesis de Avall se apoya en una consideración realizada por la fiscalía, según la cual «las empresas de la familia Otero son instrumentos de los delitos continuados por ella cometidos». El Ministerio Público entiende que la ex número 2 de la Consejería de Educación facilitaba obras y encargos a Igrafo, APSA y filiales de estas sociedades, a cambio de que sus empresarios reinvirtieran parte de los fondos públicos en el entramado societario que creó en el Oriente de la región a cuyo frente tenía situados a familiares y amigos. El magistrado-juez Ángel Sorando también se mostró proclive a esta explicación, si bien rehusó investigar a los próximos a Otero al entender que el 'caso Renedo' sólo instruía delitos de cohecho y prevaricación, es decir, que de los ilícitos debían responder los funcionarios y autoridades públicas que amañaron contratos y los empresarios que pagaron dádivas por ello.

Avall en cambio estima que un entramado de estas características requirió de «cooperadores necesarios» y «testaferros», personas que se habrían beneficiado del delito para «recibir trabajo, dinero, incluso obras y mobiliario». Recuerda que la propia Audiencia en un auto precedente abrió la puerta a ampliar la investigación, al señalar que aunque la prevaricación «es un delito especial propio que sólo puede cometerse en principio por quien ostenta categoría funcionarial, es perfectamente factible la autoría por inducción procedente de un extraño a la relación funcionarial, admitiéndose también la participación en concepto de cooperador necesario».

Amparándose así en la fiscalía y la propia Audiencia, la acusación reclama que se indague en el patrimonio de los familiares y amigos que la propia Otero situó como socios y administradores de las sociedad de las que había sido fundadora.

Avall apunta directamente a C. B., familiar de la exdirectora general de Educación, que era «veinteañera cuando se hace con un notable patrimonio» a base de «trabajar o facturar» a Igrafo y APSA además de gestionar las sociedades familiares. De M. T. A. recuerda que fue socia y administradora solidaria de una mercantil ligada a Otero que «captaba los fondos de APSA e Igrafo mediante falsas facturaciones»; esta colaboración le habría favorecido con retribuciones de «al menos 234.050 euros sólo en el ejercicio de 2004».

El escrito sostiene que N. A. R. «no sólo es amigo personal de Otero durante más de 30 años, sino que también es su socio durante parecido periodo de tiempo y como tal ha tenido que ver con APSA y con Igrafo, a parte de cestas de regalo y el Audi, siendo administrador y testaferro» de la exdirectora general.

Desde esta lectura más incriminatoria de los hechos, el letrado considera que la lista de quienes se han de sentar en el banquillo de los acusados se ha quedado corta. Por ello plantea a la Audiencia la necesidad de procesar también a los ex directores generales Carlos Madera y Alberto Pérez Cueto, que fueron superiores jerárquicos de la funcionaria Marta Renedo. También interesa el encausamiento de un jefe de servicio que en su opinión se habría extralimitado de sus atribuciones para ayudar a Igrafo y APSA. Entre familiares de Otero y las personas antedichas, Avall reclama ampliar en ocho personas la lista de imputados, ahora situada en 17.