Las consejerías del 'caso Renedo' gastaban «sin control en ninguna fase»

José Luis Iglesias Riopedre. /
José Luis Iglesias Riopedre.

La Sindicatura denuncia la «parca» colaboración del Principado y lamenta que no hay manera de probar si todo lo comprado se entregó

RAMÓN MUÑIZOVIEDO

Entre 2007 y 2011 las consejerías de Educación y Administraciones Públicas tuvieron un presupuesto de más de 4.500 millones y en su administración hay «un volumen de gasto, sin cuantificar, sobre el que no existió control en ninguna de las fases del 'iter' contractual». Así lo lamenta la Sindicatura de Cuentas tras investigar los departamentos más directamente afectados por la presunta trama de corrupción del 'caso Renedo'. Por esta causa están procesados el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y su número dos, María Jesús Otero, entre otros.

En lo tocante a los contratos menores, esto es, las obras inferiores a 50.000 euros y los servicios de menos de 18.000, resulta que el Principado no es aún capaz de identificar «ni cuantificar» cuánto dinero dedicó. El desconocimiento obedece en parte por la falta de conexión entre el programa contable Asturcon XXI (en el que se vuelcan los gastos de las consejerías) y el Gece (el manejado por los colegios); la carencia impide «que la intervención tenga información del destino que se da a los fondos públicos en los distintos centros docentes».

De lo que hay constancia se sabe que las dos consejerías hicieron 49.677 contratos menores que sumaron 76,8 millones. Los encargos se los repartieron 8.991 empresas de manera desequilibrada: 94 sociedades, lo que representa el 1,05% del total, se llevaron 21,2 millones, es decir, el 35,5% del dinero.

El Principado tampoco es aún hoy «capaz de separar, dentro de los gastos tramitados como exentos de fiscalización, los referidos a la adquisición de bienes homologados». Este tipo de compras se hacían amparadas en los denominados como acuerdos marco, un tipo de licitación por el cual la Dirección General de Patrimonio daba por buenos una serie de catálogos de productos de los proveedores, y luego cada departamento podía hacer pedidos en base a ese documento.

El sistema «no se fiscalizaba en ninguna de las fases iniciales. Tampoco se fiscaliza la contratación derivada de los mismos». En síntesis, en lo tocante a este formato «no se percibe la existencia de control alguno». La Sindicatura trató de poner luz sobre el asunto, pero su investigación «se ha visto extremadamente limitada al alegar el personal de la administración la falta de conocimiento y la falta de acreditación documental sobre lo acontecido».

Habitualmente los auditores piden que se determine cuántos contratos hubo bajo una determinada fórmula, y sobre ellos seleccionan una muestra para verificar si hubo irregularidades. En lo tocante a los acuerdos marco «como respuesta se aportaron facturas conformadas pero no informe alguno que acreditara que realmente se había recibido la prestación en cuestión ni acreditación documental de la realización de la contratación derivada». Por todo ello «no ha sido posible efectuar la comprobación material de la inversión en los expedientes seleccionados y no puede opinarse al respecto».

Fallos en los negociados

En donde sí lograron completar su estudio es en lo tocante a los contratos formalizados por procedimiento negociado. Este mecanismo permite a la consejería invitar a un mínimo de tres empresas a presentar sus ofertas a un encargo en concreto, sin necesidad de hacer público el acuerdo. En los años analizados las dos consejerías invirtieron 53,1 millones utilizando esta fórmula. Fueron 163 las empresas así reclutadas, pero tres de ellas acumulan el 33,3% de toda la inversión.

En Educación, resulta que en el 67,4% de estos contratos «no se obtuvieron condiciones más ventajosas que las inicialmente previstas», proporción que aumenta al 93,5% en la de Administraciones Públicas. En el 46,5% de los de Educación se vulneraron los plazos pactados para la obra o la entrega de material, mientras en la otra consejería fueron el 85,7% y «en ninguno de los expedientes consta la imposición de penalidades por estos incumplimientos».

En la mitad de los expedientes de contratos negociados de Educación «se detecta la ausencia de concreción del modo en el que se iba a realizar el proceso negociador» y la explicación que se ofrece de por qué se recurre a este sistema «no se considera adecuada». Al término del acuerdo resulta que en uno de cada tres contratos negociados por Educación «no existe documentación acreditativa de la negociación», mientras en Administraciones Públicas esta debilidad se da en el 46% de los analizados.

La Junta General encargó a la Sindicatura el pasado año que trataran de revisar lo sucedido en esas consejerías, durante los años del 'caso Renedo'. El informe no escatima reproches a la disposición con la que el Principado acogió a los auditores. Tras presentarle un borrador de conclusiones, el Ejecutivo replicó con unos «profusos alegatos» que «ciertamente contrastan con la parca actitud sostenida a lo largo de las labores de fiscalización». Tan rotunda fue entonces la defensa que «esta Sindicatura no alcanza a comprender cómo han podido acontecer los sucesos que han originado la petición de este informe».