Detectados 27 casos de acoso o violencia contra profesores en Asturias durante un curso

Anpe pide que la Administración ofrezca asistencia psicológica y apoyo jurídico a los docentes afectados por estas situaciones

EUROPA PRESSoviedo

El Sindicato Independiente de Enseñanza (ANPE) ha hecho público este martes su informe del Defensor del Profesor sobre el curso 2013-2014 que ha revelado 27 casos de acoso o violencia sobre los docentes en el Principado de Asturias.

El presidente de ANPE-Asturias, Gumersindo Rodríguez, junto con Montserrat Fernández, encargada de elaborar el informe, han presentado en su sede de Oviedo los datos del servicio de atención al profesor de su sindicato que desde 2006 ha asesorado ( general, jurídica o psicológicamente) a 156 profesores, de unos 11.000 que hay en Asturias, que han sido víctimas de acoso o violencia en los centros.

Gumersindo Rodríguez ha explicado que "el servicio recibe centenares de llamadas pero que luego no se da continuidad a los casos por falta de interés del profesor, 'recula', o por el miedo a denunciar de éstos".

Los casos registrados en el pasado curso escolar se dividen, según los niveles educativos, en 13 casos en Secundaria, 12 en Educación Primaria y 2 en la Educación Infantil.

Respecto a los problemas asociados a estos 27 casos en la mitad de ellos (51,85%) ha habido faltas de respeto hacia los profesores y en un tercio de las denuncias (37,04%) los docentes se han encontrado con problemas para dar clase con normalidad, lo que Rodríguez ha destacado "como uno de los problemas más serios porque los docentes dedican el 20 por ciento de sus clases a pedir o mantener el orden, un porcentaje inasumible". Otros problemas con importancia han sido el acoso, enfrentamientos o amenazas por parte de las familias de los alumnos, con 8 quejas (29,63%), o las falsas acusaciones hacia los docentes, que se han dado en 6 de los casos (22,22%).

El presidente de ANPE ha destacado que las incidencias relacionadas con la falta de respeto hacia los docentes por parte del alumnado y las familias se han producido en un mayor porcentaje en Secundaria y además, "han aumentado más del doble los registros por este criterio en este curso respecto al pasado".

Rodríguez ha explicado que en este curso solamente se ha recogido una incidencia sobre acoso por medio de las nuevas tecnologías lo que ha relacionado con "la restricción del uso de móviles en los centros educativos.

Otro punto que revela el informe es la problemática de los docentes relacionada con los compañeros y el equipo directivo de los centros, donde el 60 por ciento, de los 15 docentes que han acudido al defensor, de estos problemas han siso con los equipos directivos. Además, el 56 por ciento de los profesores que han sufrido estas situaciones de acoso o violencia han afirmado que no se sienten respaldados por sus equipos directivos o la Inspección educativa de la Consejería Educativa.

El presidente de ANPE ha dicho que "su asociación quiere asistir a los docentes pero que no quiere suplir una labor que es competencia de la Consejería de Educación" y ha denunciado que "no existe un protocolo de actuación implementado por la consejería cuando se produce una situación de acoso o violencia hacia los docentes".

Rodríguez ha destacado que el problema "existe y que no vale de nada mirar hacia otro lado que es lo que están haciendo las autoridades educativas ante el problema por lo que el profesorado se siente indefenso ante estas situaciones.

El informe concluye pidiendo a la Consejería que concrete la Ley de Autoridad del Profesorado de 2013 a través de un Reglamento de Régimen Interno, en el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos y en los Planes de Convivencia. Además ha pedido que la Administración ofrezca asistencia psicológica y apoyo jurídico a los profesores afectados por todas estas situaciones y que deje de aplicar recortes en los programas educativos de apoyo y compensación, así como en personal docente, lo que va en detrimento de la convivencia y de la calidad de la enseñanza.

Por último, ANPE ha solicitado la equiparación de los docentes con otros funcionarios del Principado, como el personal sanitario que disponen de dispositivos de alarma contra agresores, refuerzo en los sistemas de seguridad y un registro regional que sirve para archivar los datos y para coordinar el servicio jurídico del Sespa, que ofrece cobertura jurídica a los sanitarios.