Las acusaciones piden la apertura de juicio oral del 'caso Renedo'

Instan a reducir la lista de 16 procesados para centrarse en los principales implicados

R. MUÑIZGIJÓN

Las acusaciones personadas en el 'caso Renedo' han solicitado ya formalmente a la Audiencia Provincial que convoque la fase de juicio oral. Las partes aprovecharon el trámite, que concluyó ayer, para sugerir a la sala que reduzca la lista de 16 procesados en la que ha desembocado esta macrocausa por corrupción que en su día contó con más de cuarenta imputados. Consideran que los indicios que pesan sobre parte de los señalados son de escasa entidad para un proceso penal o ya fueron suficientemente justificados por los aludidos. Su procesamiento no haría otra cosa que ralentizar los trámites y demorar una exculpación que intuyen inevitable.

En estos términos se mueve por ejemplo el escrito presentado por la acusación popular que ejerce la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall). Hasta la fecha se ha manifestado como una de las partes más activas en el caso, proponiendo diligencias de investigación por docenas y requiriendo la imputación de todos aquellos que pudieron lucrarse con los presuntos manejos atribuidos a María Jesús Otero. Ahora y para agilizar la apertura del juicio propone sobreseer la causa para cuatro procesados, entre los que se encuentran un exasesor de la que fue consejera Ana Rosa Migoya, además del exdirector general de Recursos Humanos en la Consejería de Educación, Arturo Verano. Éste se vio salpicado tras saberse que la empresa APSA contabilizó como gasto propio un vehículo de su titularidad; Verano presentó documentos que acreditarían que el dinero del coche lo pagó. Otros imputados que lo han sido por hechos similares señalaron que las gestiones de la adquisición de sus vehículos se las habría realizado Otero, tras convencerles de que tenía mano con vendedores de turismo y les podría así obtener el bien a mejor precio.

Hasta ahora las acusaciones y la propia fiscalía se habían limitado a dar cuerda al magistrado-juez Ángel Sorando, no oponiéndose a ninguna de las imputaciones que este planteaba. Sin embargo llegado el momento de decidir quiénes son los que realmente se sentarán en el banquillo de los acusados, creen que es el momento de corregir a la baja la lista dejada por el instructor. El gesto fortalece la posición de estas defensas que desde un inicio vienen aprovechando todos los trámites para tratar de sacar a sus clientes del asunto, solicitud que ahora acaban de reiterar.

Todo lo contrario ocurre con los procesados cuya situación resulta más comprometida. Entre estos cundió la sensación de que la manera más rápida de librar a sus clientes es justamente la de defenderlos directamente el juicio oral. De ahí que ahora hayan rehusado solicitar de nuevo un sobreseimiento que se les viene negando sistemáticamente y optaran en cambio por aquietarse, en la esperanza de que ello acelere también la celebración de las vistas. Es lo que han realizado los letrados de Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Muñiz, responsables de las empresas APSA e Igrafo respectivamente.

Concluido el plazo para que las partes se manifestasen, ahora toca que la Sección Tercera delibere si en efecto procede excluir del proceso a parte de los implicados. Su decisión ahora no resultaría del todo definitiva. Si, por ejemplo, la sala planteara el procesamiento de un implicado, pero luego letrados y fiscalía rehusasen a formular acusación contra él, automáticamente resultaría liberado de la causa. Quedan por tanto dos oportunidades para rebajar la lista de 16 procesados propuesta por Sorando y comprobar de paso si el Ministerio Fiscal mantiene el criterio, anunciado en su día, de ceñir su escrito de acusación a seis implicados.