El Principado pide a Wert que aplace un año la LOMCE en ESO y Bachillerato

Por la izquierda, la directora general de Educación de Cataluña, Teresa Pijoan; los consejeros de Educación de Canarias y Andalucía, José Miguel Pérez y Luciano Alonso, respectivamente, y su homóloga en Asturias, Ana González, ayer en el Congreso de los Diputados. /
Por la izquierda, la directora general de Educación de Cataluña, Teresa Pijoan; los consejeros de Educación de Canarias y Andalucía, José Miguel Pérez y Luciano Alonso, respectivamente, y su homóloga en Asturias, Ana González, ayer en el Congreso de los Diputados.

La consejera critica, con los titulares de Educación de Canarias, Andalucía y Cataluña, «la falta de tiempo y dinero» para implantar la ley en 2015

ELENA RODRÍGUEZ

La consejera de Educación, Ana González, pidió ayer al ministro del ramo, José Ignacio Wert, que aplace un año la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en primero y tercero de la ESO, así como en primero de Bachillerato, cuya entrada en vigor está prevista para el curso 2015-2016. González compareció en el Congreso de los Diputados junto con sus homólogos de Canarias y Andalucía, José Miguel Pérez y Luciano Alonso, y la directora general de Secundaria y Bachillerato de Cataluña, Teresa Pijoan, para criticar «la falta de tiempo y dinero» para implantarla.

Dos días después de que el Consejo de Ministros aprobara los decretos que desarrollan los currículos básicos de ESO y Bachillerato en la LOMCE, los cuatro dijeron desconocer su contenido, porque «ni se ha convocado previamente a las autonomías, ni se han publicado y tampoco han pasado por la Conferencia Sectorial de Educación». Para la consejera asturiana, esta forma de actuación «supone un desprecio a las comunidades autónomas, al profesorado, a los centros y a las familias».

La aprobación de los reales decretos ha tenido lugar en pleno periodo navideño. «La precipitación del ministerio es total y absoluta, como ya la hubo en Primaria», afirmó González, quien recordó que «aún no se ha acabado el trabajo» en esta última etapa, donde la ley comenzó a aplicarse este curso en primero, tercero y quinto. Advirtió que implantarla en ESO y Bachillerato resultará «más complejo» porque son etapas en las que «empiezan a ofrecerse las diferentes modalidades y hay más opciones de materias». En este sentido, apuntó que tendrán que desarrollar, entre ESO y Bachillerato, «116 curriculares, y eso contando a la baja».

Efecto en las plantillas y deuda

Añadió que esta iniciativa llega en un momento en que «la consejería empieza a preparar el concurso de traslado de profesores y, para ello, hay que saber antes qué asignaturas va a haber. Por lo tanto, va a tener un efecto en las plantillas y en la organización, en lo que vamos a explicar a las familias sobre la elección de las distintas materias».

En cuanto al presupuesto, indicó que «la financiación de la LOMCE proviene del Fondo Social Europeo, lo que significa que el PP hace reforma educativa estructural, sistemática, que considera fundamental y, sin embargo, no tiene dinero para pagarla», algo que, según dijo, «debería darnos vergüenza como Estado. El Gobierno de Rajoy reclama dinero fuera, pero, además, pide de menos, generando así deuda a las comunidades». «Además -añadió- no sabemos cuánto nos van a dar, porque cada vez que nos asignan una cantidad, la cambian, así que a día de hoy desconocemos cuánto dinero vamos a recibir del ministerio».

Las cuatro comunidades -que, según indicaron, representan el 50% del alumnado- y el resto están convocadas para la conferencia sectorial que tendrá lugar el 14 de enero. En el orden del día figuran los citados decretos, sin ellos conocerlos y «sin que el Gobierno haya mostrado interés en las propuestas» que le hicieron, indicó Teresa Pijona. Los cuatro coinciden en que «no hay tiempo». «Si el ministerio los publica en enero, en el mejor de los escenarios acabaríamos en septiembre y eso sin contar con la memoria justificativa y económica», declaró el consejero andaluz, recordando que la escolarización tiene sus plazos y, en el caso de Andalucía, acaba en marzo. Por su parte, la secretaria nacional de Educación, Sandra Moneo, consideró que «es cuestión de voluntad política, no de tiempo».