La Fiscalía pide 10 años y medio de prisión para Riopedre, seis meses más que Renedo

Reclama al hijo del exconsejero la devolución de 366.507 euros y que se compense con 2.781 euros a la mujer cuya denuncia inició el caso

E. RODRÍGUEZ / R. MUÑIZ

La Fiscalía de Asturias ha fijado su posición respecto al 'caso Renedo', la presunta trama de corrupción en el seno de la Administración regional destapada hace cinco años. Limita a siete los procesados: la ex directora general de Educación María Jesús Otero; el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; la funcionaria Marta Renedo; y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez, Víctor Manuel Muñiz, Maximino Fernández y Antonio José Azorín. Los cuatro últimos están acusados de comprar, supuestamente, voluntades de empleados públicos. Las penas suman 57 años y oscilan entre los 3 y 11 años de cárcel para cada uno. Asimismo, considera responsable civil a título lucrativo al hijo de Riopedre, Ernesto Iglesias, administrador de la firma Geogal, por haberse beneficiado presuntamente de la trama, y le pide devolver 366.507 euros.

La fiscal solicita mayor pena de prisión para el exconsejero que para Renedo, la alta funcionaria acusada de suplantar identidades y crear empresas falsas para beneficiarse presuntamente de dinero del Principado. Para Riopedre pide 10 años y seis meses de cárcel, multa de 400.000 euros y la inhabilitación de 19 años para ejercer cargo o empleo público por los delitos continuados de prevaricación, fraude, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y cohecho. Para Renedo, la pena es algo inferior: de diez años en total (seis meses menor que el antiguo titular de Educación), una multa de 480.000 euros y la inhabilitación para cargo o empleo público durante 19 años también por los delitos de falsificación de documento y cohecho.

Ahora bien, según su criterio, el mayor castigo debe recaer en la ex directora general de Educación, María Jesús Otero, para la que solicita 11 años y seis meses de prisión, una multa de 2,5 millones (equivalente a la cantidad que habría percibido como prebendas de las empresas APSA e Igrafo) y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público por los delitos continuados de prevaricación, fraude y exacciones legales, malversación de caudales públicos y cohecho.

En el caso del gerente de APSA, Alfonso Carlos Sánchez, la Fiscalía reclama una pena de nueve años y una multa de 1,9 millones de euros por los delitos de cohecho y falsificación y cooperación en fraude, mientras que para su homólogo de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, plantea similar petición: 9 años de prisión y una sanción de 1,5 millones por los mismos delitos.

Para Maximino Fernández -que, según la Fiscalía realizó, a través de Marta Renedo, cinco contratos de trabajo a personas que iban a trabajar en las dependencias del Principado sin que éstos se llegaran a realizar- solicita una pena de cuatro años por malversación y falsificación de documento mercantil; mientras que para Antonio José Azorín reclama tres años por falsificación y cooperación en fraude.

El Ministerio Público solicita a Renedo la devolución al Principado de 1,63 millones de euros, al que también deberá entregar 258.000 euros junto con Maximino Fernández. Asimismo, reclama que Riopedre, Otero y los gerentes de APSA e Igrafo reintegren al Gobierno regional las partidas recibidas en función de lo que dictamine la sentencia.

La investigación del 'caso Renedo' se inició gracias a la denuncia que interpuso una gijonesa en 2010. Cuando la mujer comprobó que ya había abogados, fiscales y jueces tras la pista, optó por desligarse del proceso, confiando la representación de sus intereses a la fiscalía. La fiscalía solicita que Renedo la compense por las molestias con 781,63 euros en gastos jurídicos y 2.000 más por atención psicológica. La responsabilidad civil subsidiaria recaería en el Principado.