El Principado se expone a tener que pagar 102.000 euros a las víctimas de Renedo

La fiscalía quiere que Otero, Riopedre y los empresarios reingresen a partes iguales el dinero que supuestamente defraudaron juntos

RAMÓN MUÑIZ

Las arcas públicas se juegan un buen pellizco en el juicio que se abrirá sobre el 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción investigada en Asturias. En función de hacia donde se incline la sentencia, el Principado recuperaría varios millones que supuestamente le fueron sustraídos o puede encontrarse con un fallo que le salga a pagar.

La cuestión más clara, a tenor de los escritos de calificación presentados hasta ahora, es la relativa a Marta Renedo. La fiscal solicita que la funcionaria reintegre de su bolsillo 1,6 millones a las arcas autonómicas, además de repartirse con el empresario Maximino Fernández otro reingreso de 258.000 euros. La acusación particular y la ejercida por Avall elevan hasta 1,9 millones el dinero que Renedo debería reponer.

Las acusaciones a la funcionaria pueden, sin embargo, volverse contra el Principado. En el proceso hay reconocidas al menos dos víctimas de los supuestos manejos de Renedo. Se trata de mujeres cuya identidad habría usurpado la funcionaria para abrir cuentas bancarias y realizar movimientos de dinero. Como consecuencia de los mismos, ambas recibieron requerimientos de la Agencia Tributaria por cuestiones que les eran ajenas.

La primera víctima es una nonagenaria que falleció sin conocer quién la había metido en semejantes problemas con Hacienda. A sus deudos los representa el despacho de Pineda y Turrero Abogados, que reclama una compensación por los daños morales sufridos de 100.000 euros. La segunda es la gijonesa que interpuso la denuncia gracias a la cual se destapó todo el caso. Tras asegurarse de que el asunto estaba ya a la luz pública, la mujer se desvinculó del proceso y confió la defensa de sus intereses a la fiscalía. El Ministerio Público solicita ahora en su nombre que Renedo le pague 781,63 euros por gastos de abogado y procurador, y otros 2.000 por daños psicológicos.

Responsable subsidiario

La valoración difiere pero ambos han buscado la garantía de cobro señalando al Principado como responsable subsidiario de los daños que causó la funcionaria. A fin de cuentas, Renedo los pudo cometer gracias a las jefaturas de servicio que le fueron dadas, y sin que ninguno de los controles de la Administración autonómica los evitara. La consecuencia de este razonamiento es que en caso de condena y si Renedo no es capaz de satisfacer las indemnizaciones, será la Administración autonómica la que deba hacerse cargo de las mismas hasta el máximo solicitado de 102.781,63 euros.

Cabe recordar que Renedo fue expulsada de su puesto como jefa de servicio y suspendida en su condición de funcionaria. Sin sentencia de por medio, el Principado no podía hacer nada más que dejarla sin trabajo y resignarse a seguir abonanándole una nómina mínima. El dinero que haya estado cobrando en los últimos años deberá sin embargo ser devuelto en caso de condena.

Las consecuencias de una eventual sentencia contra Renedo parecen claras. No puede decirse lo mismo de la situación del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, su 'número dos' María Jesús Otero, y los empresarios de Igrafo y APSA a los que supuestamente favorecieron. La fiscalía admite sobre ellos que «ha sido imposible hasta el momento determinar el perjuicio ocasionado a la administración del Principado». Considera que durante el juicio se podrá clarificar a cuánto asciende el quebranto y avanza que los cuatro «conjunta y solidariamente, deberán indemnizar al Principado en el importe de los perjuicios causados».

La acusación popular de Avall actúa en la misma dirección, pero anticipa algunas cifras. Cree por ejemplo que Otero se hizo con 4,2 millones y que el hijo del consejero obtuvo indebidamente un lucro de 217.000 euros, cuantías que deberían reponer.

 

Fotos

Vídeos