Wert descarta crear la especialidad docente de Lengua Asturiana

El Principado reclama su reconocimiento para equiparar las condiciones del profesorado que imparte la materia

ELENA RODRÍGUEZGijón

«Muy sonrientes, con muy buenas palabras, pero me han vuelto a decir que no. Desestiman la creación de la especialidad de Lengua Asturiana». De esta manera tan gráfica resumía ayer la directora general de FP, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa del Principado, Victorina Fernández, una de las conclusiones de la Conferencia Sectorial, que reunió en Madrid al ministro de Educación, José Ignacio Wert, y los representantes del ramo autonómicos. Uno de los objetivos era analizar el Decreto de Especialidades de Secundaria, que el ministerio publicó esta Navidad (el segundo después de que el primero fuera descartado por la amplia oposición que suscitó). El Principado había demandado al departamento de Wert el reconocimiento de la especialidad docente de Lengua Asturiana, una reclamación histórica con la que pretende igualar las condiciones del profesorado que imparte esta materia con las del resto de docentes de otras especialidades.

Hasta la fecha, los profesores de Llingua cuentan con una habilitación o una acreditación y la inmensa mayoría son interinos. Este curso, según datos de SUATEA, superan los 240 en los centros públicos (hay 172 en Primaria y 67 en Secundaria).

Pero no pudo ser. «Lo que queríamos es que en el artículo sobre las lenguas cooficiales se abriese un punto en el que se dijese que aquellas lenguas de especial protección puedan ser definidas como una especialidad autonómica. Eso daría estabilidad al profesorado de asturiano, pero me han dicho que no». Aún así, replicó: «Ya que la competencia pertenece a la comunidad autónoma, el ministerio debería darnos la posibilidad de que podamos cumplir fehacientemente con la comunidad educativa».

Señaló, en cualquier caso, que seguirá trabajando por este objetivo. «No pierdo la esperanza; soy muy optimista», dijo al término del encuentro. En el transcurso de la reunión, el Principado volvió a poner de manifiesto, junto con Andalucía, Canarias y Cataluña, «la falta de respeto del Gobierno» por imponer la aplicación del Real Decreto que regula el currículo básico de ESO y Bachillerato «sin tiempo ni dinero». «Una norma así ha de cumplir un recorrido legal que va a ser muy difícil completar antes del mes de mayo», indicó. «Y aunque estamos trabajando intensamente, puede darse el caso de que se celebren elecciones autonómicas y el próximo ejecutivo tenga que firmar un decreto que no ha sido elaborado por él». Insistió en que ha generado «mucha inquietud en los centros, en los equipos directivos y en las familias» y admitió que el Priincipado no podrá garantizar la estabilidad puesto que «llegará el final de curso, que es cuando los equipos tienen que tomar decisiones sobre el alumnado, y no van a saber cómo actuar. Nosotros tampoco vamos a poder darles respuestas».

Amenazas de recursos

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, aseguró que «no entiende» estas quejas cuando en junio se entregó un borrador de los decretos y en octubre otro «casi definitivo». «Hay una disparidad en la velocidad a la que han trabajado las comunidades autónomas que no sé a qué obedece. Algunas nos han dicho que ya los tienen casi terminados», manifestó. Señalo que el decreto aprobado el 26 de diciembre apenas modifica el texto presentado en octubre y reiteró que las comunidades no tienen la obligación de desarrollar los currículos para implantar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE) en primero y tercero de ESO y primero de Bachillerato. En este sentido, volvió a poner a disposición de las consejerías el currículo que el ministerio desarrollará para Ceuta y Melilla.

Mientras tanto, Canarias, Andalucía y Cataluña están estudiando la posibilidad de recurrir el real decreto y denunciaron «el grave precedente» que supone que se aprobara antes de la Conferencia Sectorial. Contundente fue la viceconsejera canaria, Manuela Armas, quien dice su ejecutivo se reserva el derecho a acudir a los tribunales por este «incumplimiento» del procedimiento. Consideró «una falta de respeto institucional» del ministerio que se diera luz verde «sin informar» antes a las comunidades, pues, dijo, solo se les había presentado un borrador.