Asturias, paraíso de la obra barata

Alguien está mintiendo en el multimillonario sector de la obra pública. El Ministerio de Fomento, por ejemplo, puso a sus funcionarios a diseñar cómo debe ser el sistema de ventilación que se instalará en los macrotúneles de la variante de Pajares. Tras analizar el proyecto, los ingenieros elaboraron unos pliegos y aseguraron que aquello, concediéndole un beneficio industrial razonable al contratista, se podría resolver con una inversión de 98,5 millones. Tras poner el contrato a licitación, en septiembre el adjudicatario se ha llevado el encargo tras comprometerse a resolver el tema por apenas 36 millones. ¿Engaña la empresa o son los funcionarios los que sobrevaloran el precio de las obras?

«Hay picaresca, desesperación y aplicación de la normativa», razona José Manuel Llavona, decano de la Demarcación asturiana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. «Es cierto que al bajar la demanda de obra pública, el coste de los materiales y la mano de obra se ha abaratado, pero nada vale hoy un 60% menos del precio de licitación; cuando firman eso, ambas partes saben que hay muchas posibilidades de que el contrato no se vaya a respetar», abunda su vicedecano, Ignacio Ruiz Latierro.

Asturias es la comunidad donde las administraciones logran unas mayores rebajas al contratar obra pública. Según un informe de la patronal del sector, CAC-Asprocon, el Estado, el Principado y los ayuntamientos cierran aquí los acuerdos a un precio que es un 34% más barato que el estimado por los técnicos de la Administración al inicio del proceso de licitación. El dato procede del análisis de las encomiendas de 2013, aunque la dinámica ha seguido extremándose el pasado ejercicio.

¿Cómo lo hacen las administraciones asturianas? La segunda comunidad que más rebajas de precio obtiene en sus procesos de licitación es Galicia, pero el ahorro no llega ni al 30%. ¿Cuál es el factor diferencial en el Principado? La patronal sostiene que la clave está en los procedimientos que se están eligiendo a la hora de licitar los contratos. Aquí cerca del 30% de los encargos salen a subasta, en pujas donde el encargo es para el que ponga el precio más bajo. Salvo Murcia, en el resto de comunidades la proporción de licitaciones que tienen como único criterio de selección el económico no pasa del 10%.

La mitad, por invitación

El sistema estrella en Asturias es el procedimiento negociado, una especie de puja restringida que la Administración abre con un número limitado de empresas a las que invita. Cerca de la mitad de encargos se despachan de esta forma. La querencia por el negociado y la subasta provoca que el concurso con más de un criterio, esto es, la fórmula donde los técnicos de la Administración calibran además la calidad técnica del contratista, empiece a ser una rareza. Casi un 30% de licitaciones siguen este camino, cuando en el resto de comunidades la proporción pasa del 70%.

CAC-Asprocon considera excesivo el volumen de subastas y negociados, sistemas que teme provoquen en los próximos tiempos «retrasos en los procedimientos, en las ejecuciones de las obras o en el aumento de las empresas concursadas».

«Hay constructoras que ahora se agarran a un clavo ardiendo y cierran contratos sabiendo que les hace perder dinero. Es algo que las grandes se pueden permitir en un momento dado para mantenerse activas, pero todos los días se nos están muriendo empresas pequeñas que a su escala intentaban hacer lo mismo», indica el vicedecano del Colegio de Ingenieros. Los que asumen un contrato a un precio por debajo del coste «por dentro está esperando un milagro, o que le den otro trabajo con el que compensar las pérdidas, o con forzar algún modificado o sobrecoste», indica Ruiz Latierro.