Los geriátricos asturianos urgen un pacto de legislatura para salvar al sector

«Pediremos al próximo Gobierno asturiano, a todos los grupos políticos, a los sindicatos y a la Federación de Empresarios (Fade) un pacto de legislatura». El presidente de la patronal geriátrica asturiana que aglutina la mayoría de plazas concertadas, Ascege, envió ayer un mensaje claro al nuevo Ejecutivo Autonómico: «El Principado ha roto las excelentes relaciones que desde siempre, con gobiernos de signos muy diferentes, había mantenido con empresas que, como en el caso de las aglutinadas en Ascege, mantienen a más de 2.500 trabajadores».

Y lo dice Paulo González, que entre 2007 y 2008 fue director general de Atención a la Dependencia en el gobierno del socialista de Vicente Álvarez Areces. Desvinculado de la política desde su cese como director general, González afirma que «en esta legislatura, a los empresarios como los de Ascege, titulares de empresas asturianas familiares, se les ha ninguneado».

Una ruptura que se ha hecho visible en los dos últimos meses, en los que Ascege ha liderado la impugnación y posterior paralización de dos concursos puestos en marcha por la consejera socialista Graciela Blanco: el concierto de 140 plazas geriátricas y la gestión de cinco geriátricos públicos.

«Impugnar los concursos es negativo, pero es la única opción que nos dejó la Consejería de Bienestar Social y Vivienda», asegura González, quien lamenta «la situación, porque no es buena para el sector, sobre todo la del concierto de plazas». Porque los geriátricos asturianos están sufriendo especialmente las consecuencias de la crisis económica y los recortes de la Ley de la Dependencia.

Por un lado, muchas familias optaron por retornar al hogar al pariente residente en un geriátrico, para que su pensión paliara la falta de otros ingresos. Por otra, servicios como los de centro de día se han visto muy afectados por los cambios introducidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de la Dependencia.

Por ese motivo, el presidente de Ascege recuerda que «esta asociación siempre ha defendido la calidad en el servicio y un precio acorde al mismo», así como la necesidad «de que convivan en Asturias en un mismo sistema la gestión pública, la concertada y también las entidades del tercer sector, muy necesarias en nuestra región».

Es esa línea argumental la que le lleva a demandar «un pacto de legislatura por la defensa del sector de la dependencia desde el punto de vista de servicio asistencial y como derecho de ciudadanía, pero también desde el punto de vista económico y generador de empleo y riqueza en esta región».

Enfado en la FAMPA

Pero no solo los empresarios critican lo sucedido. La Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (FAMPA) tampoco entiende la decisión del Principado de sacar a concurso la gestión de las dos residencias que gestionan desde su apertura, las de Teverga y Quirós. «Llevamos gestionando los centros desde hace 14 años. Llegamos por concurso y cuando no había, casi, ni carreteras. Ahora estamos en vilo con el futuro», aseguró la presidenta de la FAMPA, Lola San Martín.

En su opinión, «el concurso plantea problemas, como el bajo precio y el hecho de que no te paguen camas que se queden libres, aunque te obliguen a mantener la misma plantilla». Reiteró su deseo de «seguir con el trabajo», pero dejó claro que «si, al final, eligen a una empresa privada, la calidad del servicio será igual de buena».