El Tribunal Supremo anula la encomienda de valoración de centros sociales a Fasad

El Conceyu por Otra Función Pública aplaude el fallo y dice que es un caso de «privatización ilegal de la gestión de servicios públicos»

I. G.

El Tribunal Supremo ha anulado una resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que, en marzo de 2010, encomendó a la Fundación Asturiana de Atención y Protección a las Personas con Discapacidades y Dependencias (Fasad) la valoración de la documentación presentada por los centros de servicios sociales para su acreditación así como la elaboración de informes sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.

El pronunciamiento judicial, que estima un recurso de la Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema), señala que la entidad, a pesar de formar parte del sector público regional, «está sujeta al derecho privado». No obstante, «lo relevante» es que se le encarga una tarea que no es un «mero trámite», sino «una actuación administrativa, procedimental», cuya encomienda está prohibida por la legislación administrativa.

En aquel momento, la consejería, en manos de IU, justificó la medida en «la imposibilidad» de tramitar las numerosas solicitudes de acreditación presentadas por los centros en el plazo estipulado. Esto podría suponer que algunos equipamientos que no reuniesen los requisitos exigidos quedaran acreditados por silencio administrativo positivo.

La sentencia, fechada el pasado 1 de julio, recoge que, para evitar esas situaciones, la consejería amplió el plazo de resolución y «se habilitaron medios personales y materiales, lo que resultó insuficiente». Por eso, se apostó por encomendar la gestión a Fasad que, para la Administración, tenía consideración de «medio propio».

Coartada para reducir empleo

El Tribunal Supremo anula ahora esta decisión con una sentencia aplaudida por el Conceyu por Otra Función Pública N'Asturies. A juicio de este colectivo, «la insuficiencia de medios personales y materiales para la gestión directa de estos procedimientos no es más que una coartada para reducir empleo público y adelgazar la Administración».

En la misma línea, exponen que el fallo «tiene una enorme importancia» ya que «desvela una práctica bastante extendida, a pesar de ser manifiestamente ilegal, que es la encomienda a 'chiringuitos' de la Administración del Principado que funcionan en régimen de derecho privado de la tramitación de procedimientos administrativos que solo pueden instruir e informar funcionarios públicos. Es decir, la privatización ilegal de la gestión administrativa de servicios públicos».

Por eso, en Conceyu expresa su confianza en que «esta sentencia sirva de toque de atención para poner fin a estas encomiendas de gestión fraudulentas e insta al nuevo Gobierno del Principado a revisar todas las encomiendas de gestión actualmente vigentes que incurran en los mismos vicios de nulidad, revirtiendo la gestión a los órganos administrativos competentes para ello».