Piden investigar a los exdirectores generales de Informática y Telecomunicaciones por posibles incompabibilidades

El Conceyu Por Otra Función Pública considera que no han respetado los dos años de plazo obligatorio desde que dejan sus cargos para ocupar sus puestos en sus actuales empresas

EUROPA PRESS

El Conceyu Por Otra Función Pública ha llamado la atención, a través de una nota de prensa, sobre la situación de dos exdirectores generales del Gobierno asturiano, la de Informática, María América Álvarez González, y el de Modernización y Telecomunicaciones, José Alberto Pérez Cueto. El colectivo considera que no han respetado los dos años de plazo obligatorio desde que dejan sus cargos para ocupar sus puestos en sus actuales empresas.

Sobre María América Álvarez González, explica que fue directora general de Informática del Principado de Asturias entre los años 2003 a 2011, y que ocupa desde abril del año 2013 el puesto de gerente de la multinacional T- Systems Iberia, "ejerciendo funciones de relaciones para ventas a Administraciones Públicas, con las que actúa de interlocutora asegurando el cumplimiento de los acuerdos de los contratos y el desarrollo de nuevos negocios".

Recuerda además que "en el año 2009 la Consejería de Administraciones Públicas y del Portavoz del Gobierno, de la que dependía la Dirección General de Informática, adjudicó a la empresa T Systems Ibérica contratos de mantenimiento integral de productos y equipos propiedad del Principado por importe superior a los dos (2) millones de euros (BOE de 2 de noviembre de 2009)". María América Álvarez González cesó como DirectoraGeneralde Informática del Principado de Asturias el 10 de agosto del 2011, explica la nota.

En el caso de Pérez Cueto, recuerda que fue director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Principado de Asturias entre los años 2007 y 2011, y que "ocupa el puesto de gerente en el Área de Sector Público de Babel Sistemas desde el año 2012".

El Conceyu matiza que "Babel es una firma multinacional de consultoría que presta servicios relacionados con la organización de empresas y los procesos de negocio, las tecnologías de la información y telecomunicaciones, la imagen y la comunicación corporativa".

Para la asociación, "con independencia de que en los dos casos señalados pudieran existir o no incumplimientos de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos, cuestión que debería estudiar con la máxima urgencia la Inspección General de Servicios del Principado, lo cierto es que, desde el punto de vista de la ética pública, esta utilización de los cargos públicos desempeñados y de la información y contactos obtenidos en ellos, para el desarrollo de actividades privadas en empresas del mismo sector sobre el que se ejercieron potestades y funciones públicas, es absolutamente reprobable y exige la adopción de medidas urgentes y drásticas para evitar que se repita".

"Si las "puertas giratorias" entre altos cargos de la Administración del Principado de Asturias que gestionaron competencias y asuntos millonarios en materia de informática y telecomunicaciones y empresas privadas del sector, no es legalmente punible, debemos concluir que la legislación vigente es un auténtico coladero, inoperante y totalmente ineficaz", concluye la nota.