Los permisos a empleados públicos para tener un segundo trabajo crecen un 34% en un año

Desde inicios de 2014 son 567 los funcionarios y trabajadores del Principado que han renunciado a un plus para poder pluriemplearse

RAMÓN MUÑIZGijón

Cotiza a la baja la imagen del funcionario que solo trabaja en la plaza que tiene ganada. El pasado año 242 empleados al servicio del Principado lograron permiso para desarrollar una segunda actividad. En 2015, hasta el 30 de octubre, se contaban 325 nuevas resoluciones. En total suman unos 567 pluriempleados en dos ejercicios, con un incremento del 34% entre uno y otro año.

Los datos acaban de hacerse públicos en lo que es un nuevo avance del Principado hacia la transparencia. Desde la semana pasada, su web ofrece la lista de empleados que recaban esta autorización. Es la primera vez que la información sale a la luz y lo hace con alguna limitación. Por ahora la administración solo divulga las autorizaciones concedidas desde el 1 de enero de 2014, lo que sugiere que el volumen total de pluriempleados es superior. La relación se ofrece además sin identificar los nombres de los afectados, ciñéndose a las iniciales.

El listado está protagonizado por los maestros que, además de dar clases en un instituto, prestan sus servicios en academias de pago o preparan a opositores. Se cuentan por decenas también los facultativos que pasan consulta por la mañana en el sistema público y por la tarde en su propia consulta. Existe un tercer capítulo que aúna docentes de secundaria y médicos que se desempeñan también como profesores asociados de la Universidad de Oviedo. Estos tres son los perfiles más repetidos, pero también hay empleados públicos que se ganan un segundo sueldo pinchando música en bodas y administrativos que regentan su propio chigre.

Crisis o regularización

La divulgación de estos casos «es un paso adelante, aunque todavía insuficiente», valora Javier Álvarez Villa, funcionario integrado en el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturias (Cofpa). «Aunque la medida basta para cumplir con la Ley de Transparencia, hay que ir a mayores; no existe razón para que no se conozcan quiénes son los que lograron permiso antes del 1 de enero de 2014», abunda.

A juicio de Cofpa, el incremento del 34% sugiere que «con la congelación salarial, hay quien se busca una segunda actividad; me resisto a creer que estemos ante una bolsa de gente que estuvieran antes trabajando de manera clandestina y ahora regularicen su situación». El volumen es en todo caso significativo y supone que 1 de cada 63 empleados públicos del Principado ha solicitado la compatibilidad en los dos últimos años. Según el Portal de la Transparencia del Gobierno central, en la Administración estatal apenas hubo 1.165 casos en el mismo periodo, lo que equivale a una compatibilidad tramitada por cada 460 empleados públicos.

Cabe recordar que los empleados públicos cobran un plus en compensación a su dedicación exclusiva. En la Ley de Incompatibilidades del año 1985, el Principado reconoció como «pieza angular del nuevo sistema» el hecho de que sus trabajadores no tuvieran otra tarea, «con algunas excepciones que vienen justificadas por razones de interés público». El trabajador que desea compatibilizar su puesto renuncia al plus de exclusividad y debe tramitar una solicitud que se da por concedida al mes salvo que Inspección General de Servicio requiera nuevas aclaraciones.

La falta de luz en este capítulo facilitó un extraño episodio durante la investigación judicial del 'caso Renedo', sobre una supuesta trama de corrupción en el Principado. Las primeras pesquisas evidenciaron que Marta Renedo Avilés, jefa de servicio de Modernización, era a la vez titular de una empresa (Implans Mounts) cuyo objeto social reconocido pasaba por realizar trabajos relacionados con la informática y la modernización administrativa. El hecho de que aparentemente la funcionaria estuviera empleándose para el sector público por la mañana y para el privado por la tarde, todo sobre un mismo área, no había desatado sospecha alguna en el Principado y todas las del mundo en los agentes y la magistrada-juez Ana López Pandiella. Constatado lo irregular del caso, la instructora ordenó a los agentes que acudieran a las bases de datos de la Agencia Tributaria y comprobaran cuántos empleados públicos recibían dinero de alguna empresa que tuviera encargos y subvenciones del Principado.

Aquel cruce de datos detectó 130 empresas participadas por funcionarios y familiares de éstos que obtenían rentas del Principado, un listado que los agentes redujeron a 23 casos de mayor riesgo. De aquella curiosidad de Pandiella por saber cuántos empleados trabajaban o tenían acciones en contratistas de la administración se derivaron una docena de piezas separadas del 'caso Renedo' para aclarar supuestos delitos de negociaciones prohibidas.

«La verdad es que Inspección General de Servicio carece de recursos para investigar si hay gente trabajando de manera clandestina», considera Javier Álvarez Villa. La divulgación de las resoluciones de compatibilidad suple de alguna forma ese hueco porque «permite al ciudadano comprobar si el funcionario que le hace un trámite tiene intereses en ese sector», apunta.