Los empresarios del 'caso Renedo' sostienen que hubo orden de hacer facturas falsas

Los empresarios del 'caso Renedo' sostienen que hubo orden de hacer facturas falsas

La Audiencia aclara que el informe sobre el fraude en 87 colegios tiene «hechos distintos» a los que se juzgan y que están aún por investigar

RAMÓN MUÑIZ

Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez eran empresarios de éxito, lideraban el sector de los muebles de oficina y recibían premios por los puestos de trabajo creados. Gozaban de una posición privilegiada y aunque las nubes de la crisis amenazaban la marcha de sus empresas -Igrafo y APSA respectivamente- seguían batiéndose por mantener el rumbo. El 24 de enero de 2011 unos agentes les pusieron las esposas por primera vez, iniciando un calvario que hoy a primera hora les llevará ante la silla y el micrófono que usan los acusados del 'caso Renedo' para declarar.

El Principado que tantos contratos les adjudicó exige ahora que se los condene a nueve años de prisión a cada uno, además de la devolución de los millones que al final se pruebe cobraron indebidamente. Los empresarios tienen además abiertas otras causas, por supuesto fraude fiscal, que amenazan con llevarles a prisión y dejarles sin patrimonio.

Su posición es delicada, y por ello hoy tratarán de defenderse presentándose como «víctimas culpables», el calificativo que en su día les dedicó el magistrado-juez Ángel Sorando. El argumento ya fue ensayado en su declaración en la comisión de investigación parlamentaria, donde admitieron haber realizado facturas falsas, pero siempre por orden del funcionario de turno y para poder cobrarse trabajos realizados con anterioridad.

La existencia de este tipo de facturas de conveniencia ya ha sido planteada por Marta Renedo y el empresario Maximino Fernández, en sus interrogatorios del lunes. La exjefa de servicio fue la más dura, con un alegato en el que salpicó a todos los que fueron sus superiores. Poco queda de la Marta Renedo que, justo después de su destitución, recibió una llamada de su exdirector general Carlos Madera, y le confesaba -sin saberse grabada por la policía- que no tenía nada de lo que preocuparse. «Y menos tú», agregaba.

Paradójicamente, los empresarios de Igrafo y APSA no tendrán necesidad de defenderse del informe que más podría perjudicarles. Es el que el Principado trató de presentar ante la Audiencia Provincial, para que lo incorporase al juicio, y en el que les responsabiliza de cobrarse cuatro millones de euros por miles de pupitres y sillas no entregadas, solo en los años 2009 y mitad de 2010. Finalmente, los magistrados de la Sección Tercera, responsables del proceso, han rechazado asumir el dictamen. «El tribunal no advierte relación entre dicho medio probatorio y los hechos que han sido objeto de los respectivos escritos de calificación», expusieron en un auto conocido el lunes.

La sala entiende que el dictamen que localiza irregularidades en 87 centros educativos trata de asuntos similares a los que se enjuician ahora, pero «lo que es ineluctable es que estamos ante hechos distintos, hechos nuevos». Los indicios «no han sido objeto de instrucción» judicial, animan, por lo que todavía no están maduros para presentarse en la fase de juicio.

Declaraciones previstas

Los interrogatorios continuarán con Antonio Azorín, empresario que dio trabajo al hijo del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre en obras adjudicadas por la propia consejería. También está previsto que hablen Isaac Ovies, José Villa, José Manuel Blanco, Braulio Iglesias y Francisco Javier Juárez, empleados de los ayuntamientos de Oviedo, Avilés, Mieres y la Universidad de Oviedo.

La tanda de declaraciones concluiría con Ernesto Iglesias, el hijo del consejero, que está citado en calidad de responsable subsidiario. La fiscalía sospecha que se benefició de los contratos irregulares que su padre impulsó para Azorín y Muñiz.