El Sespa atendió a 19.000 inmigrantes irregulares en los últimos cuatro años

Francisco del Busto y José Ramón Riera, durante su comparencia en la Junta General. /
Francisco del Busto y José Ramón Riera, durante su comparencia en la Junta General.

«Estas cifras justifican el hecho de continuar con la asistencia. Es pefectamente asumible y no onerosa», dice el consejero de Sanidad

P. LAMADRID

Los centros de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado (Sespa) atendieron a 19.072 inmigrantes en situación irregular desde la segunda mitad de 2012 y hasta la actualidad. En esa fecha el Principado decidió seguir atendiendo a este colectivo a pesar de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno central. Así lo explicó ayer el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, durante su comparencia en la Junta General del Principado. Asimismo, otras 8.700 personas procedentes de otros países y sin la documentación en regla recibieron asistencia en hospitales.

La mayoría de ellas fueron consultas externas y solo 73 requirieron ingreso hospitalario. Respecto al gasto farmacéutico, el cómputo global de este período ascendió a unos 90.000 euros, 52.000 de los cuales se gastaron el pasado año, según los datos ofrecidos por el consejero. Estas cifras «justifican el hecho de continuar con la asistencia a estos colectivos, ya de por sí desfavorecidos», apuntó. «Es perfectamente asumible y no onerosa», añadió Del Busto.

Entre 25 y 50 años

El grueso de la población inmigrante en situación irregular (casi el 70%) atendida por el Sespa tenía entre 25 y 50 años. Debido a esta mayoría joven, «acuden poco a los servicios sanitarios, excepto en situaciones de gravedad», indicó Del Busto. El consejero ofreció estos datos después de la comparecencia de Álvaro González, representante de Médicos del Mundo, que realizó una valoración negativa de reforma de la Ley General de Sanidad, que ha cumplido 30 años. Con este cambio legislativo, el departamento que dirigía por entonces Ana Mato introdujo el copago farmacéutico y decidió frenar el turismo sanitario para ahorrar cerca de 1.000 millones. Dentro de esta medida, el Ejecutivo retiró la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes ilegales, salvo embarazadas, menores y enfermos crónicos.

Todos los grupos del Parlamento asturiano, excepto el PP, consideraron muy positiva la actitud de Asturias, que hace cuatro años decidió seguir dando asistencia médica a este colectivo. Respecto a la proposición no de ley sobre la universalización del derecho a la atención sanitaria pública presentada por IU, Del Busto aseguró que la política adoptada por el Principado va en una línea similar. Aunque todos los partidos apoyaron el carácter universal de esta asistencia, el diputado popular Matías Rodríguez criticó la «carga demagógica» que tenían las posiciones del resto de grupos.