Vecinos de Asturias y León denuncian ante la UE los daños por las obras de la variante

María Dolores Martínez, presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes (Lena), interviene en la rueda de prensa. A su derecha, el presidente de la Federación de Entidades Locales Menores de León, Andrés Buelta, y a su izquierda, el abogado Carlos González Antón. /
María Dolores Martínez, presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes (Lena), interviene en la rueda de prensa. A su derecha, el presidente de la Federación de Entidades Locales Menores de León, Andrés Buelta, y a su izquierda, el abogado Carlos González Antón.

Reclaman «un proyecto integral» de restauración del territorio tras sufrir lo que consideran «el mayor atentado ambiental en la cordillera cantábrica»

L. MAYORDOMO / AGENCIAS

Han llegado con su queja a las más altas instancias. La asociación de vecinos de Campomanes (Lena), junto con la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, la asociación Lacerta y las pedanías del valle de La Tercia y Arbás (León), ha denunciado ante la Unión Europea los daños provocados por las obras de la variante ferroviaria de Pajares. Destacan, sobre todo, las afecciones a los acuíferos subterráneos y el trasvase de agua de la cuenca del Bernesga a la vía fluvial asturiana del Huerna. Hechos que también van a denunciar ante las distintas cuencas hidrográficas.

Ayer, en una comparecencia conjunta en León, fueron rotundos. «Es el mayor atentado ambiental en la cordillera cantábrica». Así lo aseguraron, entre otros, María Dolores Martínez, presidenta del colectivo vecinal de Campomanes, y Andrés Buelta, su homólogo en la Federación de Entidades Locales Menores de León. Se trata, abundó el abogado Carlos González Antón, de miles de hectáreas afectadas en unas zonas de un valor ambiental «altísimo», además de en las propias poblaciones. «Son daños ilegales que no hay por qué soportar porque están incumpliendo la legislación», insistió González Antón. Y porque, «cuando la zona sufra sequías, el corazón de la cordillera cantábrica estará absolutamente seco», alertaron.

El abogado, que es también secretario general de la Federación de Entidades Locales Menores, explicó que, al menos, se han infringido tres directivas europeas: la de hábitat, la de evaluación de impacto ambiental y la directiva marco del agua. Esto, apuntó, «supone una flagrante violación del derecho comunitario en una zona que cuenta con la mayor protección ambiental europea como es la Red Natura 2000».

Según estos colectivos, la denuncia, presentada la semana pasada, puede tener consecuencias graves. Tal y como explicaron, la Comisión Europea iniciará un procedimiento de infracción del Derecho Comunitario para obligar al Gobierno español a que explique «por qué se incumplen estas normas comunitarias». En el caso de que España no responda correctamente, será el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo quien establezca las medidas o penas correspondientes. Sin descartar una multa millonaria.

La denuncia destaca que gran parte de las obras «han carecido de una evaluación de impacto ambiental adecuada o no la han tenido por lo que las obras son ilegales y ponen en peligro el futuro ambiental y económico de toda la zona al no haber adoptado las medidas correctoras y compensatorias que impone la ley».

Los vecinos afectados por las obras de los túneles de Pajares reclaman la puesta en marcha de «un proyecto integral» de restauración que permita establecer medidas correctoras y compensatorias para garantizar «un futuro económico y ambiental» en esos territorios. «Tienen que revertir esta situación», conminaron.

Tal y como denunciaron ayer, se han destrozado decenas de acuíferos. Además, González Antón puntualizó que todo el agua que está fluyendo hacia Asturias se está detrayendo de la demarcación hidrográfica del Duero-Douro, por lo que afecta a otro país miembro, en este caso Portugal. Por eso, también anunció denuncias ante la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la Confederación del Cantábrico.

La presidenta de la asociación de vecinos de Campomanes, María Dolores Martínez, cuantificó que en Asturias son unas 11.000 personas las que se ven afectadas por los problemas ocasionados por la variante. «Tuvimos 800 camiones al día de 25 toneladas pasando por el pueblo y la respuesta es el deterioro de nuestros municipios, que nos dijo Adif que era de los camiones de reparto», lamentó. Martínez se mostró preocupada por el futuro, lastrado por unos daños que considera «irreparables».

Marlene García Sierra, de la asociación Lacerta, lamentó que Adif no esté «haciendo caso» de las reivindicaciones vecinales y confió en que a través de la UE se haga fuerza porque «desde 2009, esto es la ruina total». Por último, la alcaldesa pedánea de Poladura de la Tercia insistió en que en estas zonas se necesita el agua para vivir y es un elemento fundamental, para la ganadería y el turismo.