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La obligación de informar

ÍÑIGO NORIEGA, EXDIRECTOR DE EL COMERCIO Y DIRECTOR DE EL DIARIO MONTAÑÉS

Domingo, 5 de junio 2016, 22:15

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El anuncio, en la tarde de ayer, de la retirada de la querella presentada por el diputado asturiano del Partido Popular David González Medina contra el periodista del diario EL COMERCIO Marcos Moro y contra mí mismo, en virtud de mis responsabilidades en el momento de los hechos como director del mismo periódico, no impide la reflexión sobre qué llevó a pedir casi cuatro años de cárcel para dos periodistas, con el respaldo, es cierto que tibio a última hora, del fiscal.

La demanda significó un salto cualitativo en un intento de obstruir el ejercicio profesional del periodismo. Existen escasos antecedentes de utilización de la vía penal para enjuiciar la tarea informativa el último es el que afecta a los redactores de Abc Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, habitualmente encauzada en la protección del honor y la propia imagen, y encuadrada en la jurisdicción civil. La revelación de secretos es un ilícito que concierne fundamentalmente a aquellos funcionarios públicos que hagan un uso espurio de la capacidad de acceder a determinada información reservada, y en esta línea han ido dirigidas las instrucciones dadas por la fiscal general en el caso de los periodistas del rotativo madrileño, que concluyeron con la retirada de la acusación por parte del Ministerio Público.

La decisión de publicar o no determinadas informaciones en un medio de comunicación profesional como son

EL COMERCIO, El Diario Montañés o cualquiera de los de Vocento, con criterios definidos y asentados respecto a la exigencia de rigor, los requisitos de veracidad, la obligación de informar y el respeto a las personas, no es un acto banal, ni irreflexivo, ni se lleva a término sin sopesar todas las vertientes que presenta la noticia. 

Los antecedentes penales y policiales de Medina eran vox pópuli, pero no habían sido objeto de interés informativo porque entonces sus responsabilidades eran internas y menores. En el momento en el que opta, con el respaldo de la organización regional, a presidir el PP de Gijón, y, por tanto, a convertirse en el candidato popular a la Alcaldía de la mayor ciudad de Asturias, la perspectiva ha de ser necesariamente otra. Corresponde comprobar los hechos y valorar la pertinencia de la publicación. Lo primero se lleva a cabo, como quedó puesto de manifiesto en la instrucción, por distintas vías y por medios legales. No se accedió a ningún registro protegido ni se violentó ninguna protección de ningún tipo, como fue acreditado en las diligencias previas. La publicación de los datos biográficos de David González Medina no sólo era oportuna, sino que la consideramos obligatoria: lo contrario hubiera sido ocultar a los lectores, a los ciudadanos, una información sustancial acerca de quien aspiraba a jugar un papel relevante en la vida pública de la ciudad y la región. Como es de suyo y uso habitual, antes de que la noticia llegara a las rotativas y a la web del diario, se ofreció al interesado aportar su versión a los datos contrastados en nuestro poder y, en su caso, matizar o corregir el enfoque previsto, a lo que se negó de plano, y se limitó a amenazar con demandar al periódico si se atrevía a publicarlo. 

Es evidente que lo que el hoy diputado regional del Partido Popular ha pretendido fue llevar a término una nada inteligente venganza con la que quiso intimidar a los periodistas de EL COMERCIO. Más cuestionable aún fue que la organización regional de su partido le amparase en sus pretensiones, por acción o por omisión, en las que utilizó los resquicios legales para atacar al medio que no silenció su currículo penal. O que tras la anulación judicial del congreso gijonés al que concurrió fuese compensado con una ascendente carrera política en el parlamento asturiano, en el que ejerce la máxima responsabilidad en Educación precisamente Educación quien aún no ha dado suficiente cuenta de su historial personal en una cuestión, el tráfico de drogas, con gravísimas consecuencias para la salud de nuestros jóvenes. Qué menos que quien aspira a ejercer responsabilidades públicas asuma su propia biografía y explique con coherencia cómo ha reparado los errores en los que pudo incurrir en el pasado. 

Es urgente, para la salvaguarda del derecho y del deber de informar, abordar la clarificación de la norma y evitar que un goteo de situaciones similares a las descritas cercene el ejercicio profesional en cada ocasión en la que un periodista se disponga a cumplir con su deber, dando a conocer algo oculto que a la vez es trascendente para su comunidad. Difundir comunicados oficiales y notas de prensa es lo que algunos pretenden que ocupe el quehacer periodístico y el espacio en los medios. Una profesión nada corporativa ha hablado alto y claro contra quienes pretenden coartar una actividad insustituible para un ejercicio real de la democracia.

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