El Principado da tres meses para legalizar el alquiler de casas privadas de uso turístico

El Principado da tres meses para legalizar el alquiler de casas privadas de uso turístico

Los propietarios deberán figurar en un registro, emitir facturas y declarar beneficios. Los incumplimientos se castigarán con multas desde 60 euros al cierre

MARCO MENÉNDEZ

El alquiler de viviendas privadas durante los meses vacacionales dejará de ser tan libre como hasta ahora. La Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias y la asociación de empresarios de hotelería Otea han consensuado un documento que ayer mismo aprobó el Consejo de Gobierno en forma de decreto para regular este tipo de alojamientos.

El consejero Francisco Blanco explicó ayer, en la Feria de Muestras, que «era necesario regularlo por la competencia desleal que suponía y se pactó con la Mesa de Turismo». A partir de ahora, el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y entrará en vigor 20 días después. Se establece, además, un plazo de tres meses para que todos los interesados se puedan adaptar a la nueva normativa.

¿Cuál es el objetivo del Principado y Otea con este documento? Blanco indicó que «hay que regular un sector que está creciendo mucho en una situación alegal y con el desarrollo de páginas de internet que se dedican a esto». Esa regulación se pretende hacer «sin trabas artificiales. Es para competir en igualdad de condiciones con el resto del sector, garantizando la calidad de la oferta, porque si defendemos el turismo en Asturias nuestra oferta ha de ser de calidad».

También se pretende evitar la competencia desleal, por lo que se exigirá a los propietarios de estas viviendas un registro, la emisión de facturas y la inclusión de sus beneficios en sus correspondientes declaraciones. El consejero resaltó que el decreto prevé asuntos que han de cumplir este tipo de inmuebles en alquiler, como la señalización, el mobiliario, los enseres y, sobre todo, «la autorización de las comunidades de propietarios siempre que sus estatutos de división horizontal prohiban expresamente el uso de estas viviendas. Si no hay una prohibición expresa, no se necesita».

También es necesario un seguro de responsabilidad civil, establecer el régimen de funcionamiento interior de la vivienda, las reservas y tipos de pago y una cuestión que Francisco Blanco destacó en materia de seguridad: «Una tarjeta de admisión al cliente que deberá ser presentada a las fuerzas de seguridad. Son elementos mínimos de transparencia».

Aquellos propietarios que quieran publicitar sus viviendas en alquiler, incluso en sitios de internet, deberán incluir el número de registro que se les haya asignado, que será con el que la Consejería de Empleo pueda controlar su funcionamiento. Pero también se exigirá a las páginas web que solo publiquen las viviendas que tengan ese número de registro.

En principio, desde el Principado se descarta que todo este proceso de regularización suponga un engorro para los propietarios. Blanco informó de que «se habilita la declaración responsable, al igual que en cualquier otra actividad».

300 en Gijón y Avilés

El presidente de los hoteleros dentro de la asociación Otea, Fernando Corral, se mostró muy satisfecho con el resultado final de las negociaciones con el Principado y que dio sus frutos en la forma del decreto aprobado ayer. Correa apuntó que se pondrá coto a la competencia desleal, la inseguridad que suponía alquilar viviendas a personas sin ser identificadas por las fuerzas de seguridad y a la economía sumergida. Explicó que estos días «en una página web muy conocida, había anunciadas más de 300 viviendas en alquiler solo en Gijón y Avilés, con el perjuicio que eso supone para el sector. Pero también favorece la fiscalidad como cualquier empresa que se le exige cumplir con la regulación. Creemos que la calidad del turismo en Asturias se podría ver muy lastrada».

Esta colaboración entre Otea y el Principado es, según Fernando Corral, «un ejemplo de lo que los empresarios podemos hacer por el turismo en la región. Nos va a permitir competir y que el turismo asturiano sea entendido como un turismo serio».

Aquellos que incumplan con lo dispuesto por este decreto podrán ser sancionados con multas que van desde los 60 euros hasta el cierre del establecimiento. Corral quiso dejar claro que esta normativa «no es para impedir que quien tenga una vivienda disponible la dedique a un uso turístico, sino que tenga una regulación y un control». También rechazaron Otea y el Principado que se pretenda poner alguna pega a plataformas como Airbnb, pero «sin olvidar que se trata de un negocio, aunque se explique como economía colaborativa. Es una actividad económica con sus ventas e ingresos».

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