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Tres impactos en un lustro

La detención y posterior interrogatorio del ex secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y miembros de su equipo de dirección suponen un fuerte impacto en la opinión pública asturiana

Juan Neira

Martes, 17 de enero 2017, 15:01

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La detención y posterior interrogatorio, realizado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, del ex secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, y miembros de su equipo de dirección, Daniel Rodríguez, Manuel Díaz Cancio y Carmen Caballero, así como del director del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), organismo creado por UGT para la gestión de las subvenciones recibidas para la formación, suponen un fuerte impacto en la opinión pública asturiana.

Era conocido que la UCO investigaba, desde 2014, la presunta corrupción detectada en la subvención recibida por UGT del Principado para cursos de formación, con una operativa similar a la realizada en Sevilla. Posteriormente fue de dominio público que la Fiscalía presentó una denuncia por fraude y falsedad documental en las ayudas recibidas del Principado. Se realizaron citaciones judiciales e imputaciones, pero ahora estamos ante una situación distinta. La detención del que fuera líder del sindicato socialista en los años investigados -2010 a 2013-, con el espectacular despliegue de la UCO, tomando la que siempre se conoció en Oviedo, como la Casa Sindical, deja arrinconada el resto de la actualidad del día.

La sorpresa por la actuación de la UCO despierta en la memoria el recuerdo de otra actuación policial -también una mañana de enero-, en el lejano 2011, cuando nos enteramos de golpe que Riopedre, Otero, Renedo y los empresarios, Sánchez y Muñiz, estaban en los calabozos de la comisaría. Entre enero de 2011 y enero de 2017, la salida a la luz de la amnistía fiscal José Ángel Fernández Villa, tras haber heredado ese emporio de riqueza que era el chigre de Casa Hermógenes. Una triple cura de realismo para los biempensantes en poco más de un lustro.

Todos ellos pueden acogerse a la presunción de inocencia. Más que nadie, Justo García Braga y sus compañeros de UGT, porque todavía no ha dicho nada el juez, pero la reflexión ciudadana y el seísmo en la opinión pública es inevitable.

La Fiscalía defendió que hubo sobrecostes en los cursos de formación (los sobrecostes no son privativos de El Musel), de tal forma que se habrían inflado las facturas de los cursos en una cuantía cercana a los 500.000 euros. El sindicato dijo que era un error, que la Fiscalía no sumó gastos inevitables para dar la formación, como los equipos informáticos y el mobiliario, entre otros. El sindicato también destacaba que la mirada policial se había puesto sobre IFES y empresas, no sobre la propia UGT.

Un año más tarde, la Guardia Civil procede de forma expeditiva interviniendo la sede central el sindicato, y deteniendo al que fue su principal dirigente. Mientras escribo estas líneas, me informan que se requisan ordenadores y discos duros. No sé si constaban en la contabilidad de IFES, pero ahora serán auditados por la UCO.

Para la democracia y para la autoestima colectiva de los asturianos, sería un bien que los dirigentes de UGT dieran explicaciones convincentes, y todo su proceder quedara perfectamente justificado. Ahora bien, a estas alturas de la película debe quedar claro que la corrupción (y la presunta corrupción) no es privativa de ningún partido, de ningún sector social, de ningún territorio. Es un producto inevitable de un sistema que ha resumido las tablas de la Ley en dos preceptos: la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo y a vivir que son dos días.

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