La consejera de Desarrollo Rural, reprobada en la Junta

María Jesús Álvarez, consejera de Desarrollo Rural. /
María Jesús Álvarez, consejera de Desarrollo Rural.

El Gobierno regional ve un «deterioro evidente» en sus relaciones con IU después de que sus aliados apoyasen la propuesta del PP

L. M.

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez se convirtió ayer en el primer miembro del Gobierno regional reprobado por la Junta General del Principado en la actual legislatura al respaldar Podemos, IU, Foro y Ciudadanos una iniciativa en este sentido presentada por el Partido Popular. ¿Los argumentos? La «mala gestión» de Álvarez ante los problemas del medio rural asturiano y, en concreto, su «incapacidad» para resolver el problema del colectivo de veterinarios encargados del saneamiento ganadero despedidos por la empresa pública Tragsatec.

Tras el despido de 34 trabajadores a consecuencia de un ERE, dieciocho de esos veterinarios perdieron su empleo y, tras el encargo al Serpa para que se ocupe este año de una parte de la campaña de saneamiento, dicha empresa ofertó únicamente diez plazas en unas condiciones laborales que fueron rechazadas mayoritariamente por los integrantes de ese colectivo.

El diputado popular Luis Venta Cueli, que defendió la iniciativa para reprobar a la consejera, le afeó sus «falacias» y manifestó que el de los veterinarios es uno de tantos problemas causados por ella. «Miles de asturianos que viven en el medio rural no se merecen la gestión de esta consejera», le recriminó.

No es «un cheque en blanco»

Álvarez ya había superado en el actual mandato otro intento de reprobación por parte del PP, una figura sin efectos prácticos utilizada en cuatro ocasiones por la oposición en la anterior legislatura de las que solo prosperó la dirigida a la entonces consejera de Bienestar Social, Esther Díaz. Pero la suma de los apoyos de Podemos, Ciudadanos, Foro e IU permitió que la planteada ayer por los populares saliera adelante. Fue determinante el respaldo de Izquierda Unida, formación que suscribió un acuerdo de investidura con el PSOE. Por eso hasta el último momento los socialistas trataron de forzar un cambio de posición de los diputados de IU.

La encargada de exponer la posición de este grupo, María Josefa Miranda, reconoció haber pasado una «mala noche». Sin embargo, explicó que no le quedaba otro remedio que reprobar a María Jesús Álvarez porque lo que en su día firmaron IU y PSOE no fue «un cheque en blanco» y porque, pese a esperar hasta minutos antes de su intervención que la consejería aportara «algo» para solucionar la situación, no obtuvo respuesta. Subrayó, eso sí, que la reprobación responde a la actuación de la consejera ante un tema concreto y no puede contemplarse como «una moción de censura» a toda su gestión.

Sin embargo, para la forista Carmen Fernández, la titular de la cartera de Desarrollo Rural debería ser reprobada «más por sus prácticas generales que por un asunto concreto» tras haber demostrado, a su juicio, una «absoluta ineficacia» en su actuación al frente de la consejería.

«Injustificable»

Lo vivido ayer en la Junta General evidenció la soledad parlamentaria del partido que sustenta al Gobierno regional y que la relación con el único aliado con el que el PSOE contaba desde el inicio de la legislatura se ha visto más que dañada. Lo reconocía en los pasillos de la Junta el propio consejero de Presidencia, Guillermo Martínez: «No es justo hacerlo con la consejera ni hacerlo a costa de las relaciones que el grupo socialista mantiene con IU». No ocultó Martínez que han sufrido un «deterioro evidente» y que, a partir de ahora, esas relaciones ya «no pueden ser iguales» ni con el grupo socialista ni con el Gobierno de Asturias.

Martínez consideró «totalmente injustificable» que el impulsor de la iniciativa fuera el PP, cuando, según él, fue ese el partido responsable directo del problema en el que se basaba la reprobación: el despido de veterinarios por un expediente de regulación de empleo en Tragsa. Y subrayó que la iniciativa del PP que emplaza al Gobierno a incorporar a la Sociedad de Servicios del Principado a los trabajadores despedidos de Tragsa supone requerir a la consejera que cometa un delito de prevaricación.

En esta línea, el también socialista Marcelino Marcos Líndez consideró que los grupos que respaldaron la moción «defienden posicionamientos políticos, pero no legales» dado que las sentencias judiciales han reconocido como extinguida la relación laboral entre el colectivo de veterinarios y la consejería.

Para la diputada de Podemos Paula Valero ese grupo se ha visto afectado por las sucesivas reformas laborales después de que la huelga que llevaron a cabo en 2005 obligara al Gobierno regional de entonces a asumir unos compromisos «que no se están cumpliendo» por parte del actual Ejecutivo que, según esta formación, ahora pretende «fracturar» al colectivo con una oferta de diez plazas. «Ni todos los buenos son tan buenos, ni todo los malos son tan malos», abundó el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, tras recordar que fue el Gobierno del PP el que aprobó el ERE en Tragsa y considerar «negativo» el balance global de gestión de la consejera.

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