Piden doce años de prisión para dos empresarios por estafar 660.000 euros a más de 30 entidades comerciales

El Ministerio Fiscal sostiene que los dos acusados se concertaron para constituir y gestionar una serie de sociedades que presentarían ante el mercado como sociedades de gran solvencia y con elevado capital social

EUROPA PRESS

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de 6 años de prisión para cada uno de los dos empresarios acusados de estafar un total de 660.000 euros a más de 30 entidades comerciales. La vista oral está señalada para este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que los dos acusados se concertaron para constituir y gestionar una serie de sociedades que presentarían ante el mercado como sociedades de gran solvencia, con elevado capital social, ambiciosos planes de expansión y respaldo de entidades de gran actividad en ese momento, captando así clientes a los que propusieron la adquisición de productos a gran escala.

De este modo, lograron que diversas mercantiles asumieran los pedidos efectuados, para cuyo pago se extendieron pagarés que resultaron todos ellos impagados, pese a que los acusados lograban vender las mercancías en mercado y obtener el dinero, que nunca integraron en las sociedades.

De este modo, entre los meses de agosto de 2008 y octubre de 2009, constituyeron cinco mercantiles, empresas que no figuran en el Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Asturias. Tres de ellas aparecen en la Agencia Tributaria en constitución.

Así, los acusados, en nombre de las supuestas sociedades mercantiles creadas, adquirieron productos y servicios (alquiler de vehículos y naves), a sabiendas de que nunca iban a ser pagados. La cantidad total defraudada asciende a 660.010,60 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a 12 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, el abono de las costas procesales y el pago de las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados.